La medida, que busca asimismo proteger las finanzas públicas, parte de la necesidad de dejar de subvencionar el consumo de combustibles para autos que no cumplen una función social esencial, lo que generó un alto costo fiscal para el Estado, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Minas y Energía.
Con el decreto, el precio del diésel para vehículos de uso particular se acerca a su valor real, mientras que el transporte público de carga y pasajeros queda expresamente excluido de la norma, para evitar así impactos en el costo de los alimentos, el transporte y el bolsillo de los hogares colombianos, abundó el organismo.
A juicio del ministro, Edwin Palma, la decisión tiene por objetivo lograr mayor equidad y eficiencia en el empleo de los recursos públicos.
“El subsidio a los combustibles debe estar donde cumple una función social. Proteger al transporte público es proteger el empleo, la producción y el costo de vida de millones de familias”, declaró.
Según ahondó la cartera ministerial, la implementación será gradual y focalizada y se aplicará primero en las principales ciudades y áreas metropolitanas del país, lo que permitirá un mejor control y seguimiento del impacto de la medida antes de su posible ampliación a otros municipios.
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