Mediante un mensaje en su cuenta de X, la experta se refirió, especialmente, a aquellos que investigan casos relacionados con corrupción y violaciones de derechos humanos, en un contexto marcado por el auge del crimen organizado y denuncias de connivencia con el sector judicial.

Satterthwaite recordó que el 14 de agosto de 2023 expresó ya su preocupación por la persecución de operadores judiciales, incluyendo amenazas de bomba y atentados dirigidos contra complejos judiciales.

“Me preocupa constatar que los patrones de inseguridad persisten en el país, a pesar de los compromisos declarados por el gobierno para reforzar su seguridad”, aseveró.

Subrayó que la intimidación y las presiones contra jueces y fiscales que investigan actos de corrupción y delincuencia organizada ponen en peligro el principio de independencia judicial y constituyen una injerencia directa en el proceso judicial.

La relatora insistió que es obligación del Estado garantizar la seguridad e integridad personal de los funcionarios judiciales y adoptar medidas para asegurar su derecho a la vida frente a amenazas, incluidas aquellas planteadas por organizaciones criminales.

El pronunciamiento de la experta de la ONU llega luego de un pronunciamiento de jueces anticorrupción de Ecuador, que pidieron protección, justamente, por tratar casos relacionados con terrorismo, sicariatos, delincuencia organizada, entre otros.

A su vez, el mensaje de Satterthwaite se produce en medio de un proceso de análisis político en la Asamblea Nacional (Parlamento) de la actitud del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, ante la denuncia del juez Carlos Serrano sobre presiones para favorecer a un ciudadano serbio acusado de narcotráfico.

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