El Centro Palestino de Estudios sobre Prisioneros criticó en un comunicado el uso de esa polémica normativa, rechazada por grupos de derechos humanos porque permite no presentar pruebas contra los detenidos mientras permanecen encerrados durante largos períodos sin ser acusados, juzgados o condenados.

Precisó que la cifra incluye nuevas órdenes y renovaciones por períodos adicionales.

Israel practica una política de castigo colectivo contra los palestinos al detener a miles de ellos sin conocer los cargos y basados solo en sospechas, dudas e informes de seguridad, subrayó.

El director del Centro, Riyad Al-Ashqar, afirmó que, desde el inicio del actual ciclo de violencia, el 7 de octubre de 2023, las autoridades israelíes intensificaron esa medida contra los palestinos de una manera muy peligrosa, sin precedentes en la historia.

El investigador detalló que en la actualidad unos tres mil 400 palestinos, incluidos 80 menores, están encerrados bajo esa normativa, lo que representa un 35 por ciento del total de nueve mil 500.

Acusó a ese país de utilizar ese método para mantener a miles de palestinos tras las rejas sin base legal y en clara violación del derecho internacional.

Los palestinos y los grupos de derechos humanos denuncian que la detención administrativa viola el debido proceso judicial.

Sistemáticamente numerosos detenidos bajo esa norma inician huelgas de hambre por tiempo indefinido para denunciar sus casos y forzar a las autoridades israelíes a liberarlos.

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