El ofrecimiento de las entidades se divulgó después de que se conociera que cerca de una veintena de los 32 gobernadores del país se niegan a aplicar la norma expedida el 22 de diciembre del pasado año.

La mayoría de los mandatarios departamentales, que asisten a una cumbre extraordinaria que sesiona en esta capital, manifestaron su intención de “desacatar” la aplicación en sus regiones de los nuevos tributos establecidos al amparo de la regulación presidencial.

En respuesta, un comunicado emitido por el Ministerio de Hacienda y la Dian les extendieron una invitación a asistir a una exposición, el próximo lunes 19 en la sede de la primera de esas instituciones, en la que serán actualizados sobre los detalles de la medida.

Las entidades argumentaron “que el Decreto legislativo 1474 de 2025 respeta el recaudo y administración por parte de los departamentos garantizando la sostenibilidad de sus finanzas y compromisos presupuestales, bajo los principios de colaboración armónica entre las entidades territoriales y el Gobierno nacional”.

Manifestaron asimismo en su comunicación que las rentas mantienen las destinaciones específicas a los sectores esenciales de salud, educación y deporte, en tanto plantearon que, según un estudio del Banco Mundial, un incremento del nivel previsto en el Decreto legislativo 1474 del 2025 no afecta las rentas de los departamentos.

“La Emergencia Económica tiene por objeto obtener recursos extraordinarios, temporales y proporcionales para afrontar los impactos asociados a la emergencia sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera de las entidades territoriales, ni la prestación de servicios esenciales”, alegaron.

Tras la emisión del decreto, el presidente Gustavo Petro, defendió su pertinencia debido a la persistencia de un déficit fiscal que obliga a tomar medidas recaudatorias para evitar perjuicios en el ámbito social.

Expresó que lo sano económicamente en esta situación es aumentar los impuestos a quienes perciben más ingresos, y no al pueblo como, según denunció, divulgan ciertos medios.

Señaló entonces que la propuesta de un impuesto al patrimonio afectaría al 0,6 por ciento de las familias colombianas, y que, en cambio permitirá recaudar 1,7 billones de pesos (unos 450 millones de dólares al cambio actual).

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