En un comunicado, la organización regional criticó la operación, en la que participó el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, conocido por sus posturas ultraderechistas y antiarabes.
Durante la incursión, Ben Gvir supervisó la demolición estructuras en el complejo, donde fue retirada de la bandera de Naciones Unidas e izada la israelí.
La Liga Árabe estimó que ese ataque viola el derecho internacional, varias resoluciones del Consejo de Seguridad y el acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la ONU.
La ofensiva se produce en el marco de la aplicación de un plan israelí para liquidar la Unrwa y poner fin a su trabajo en los territorios palestinos ocupados, advirtió.
También cuestionó el continuo silencio internacional hacia Israel, al estimar que alentó a su Gobierno a proceder con la implementación de este peligroso plan.
En similar sentido se pronunció el presidente del Parlamento Árabe, Mohammed Al-Yamahi, quien rechazó asalto a la sede del organismo, ubicado en el jerosolimitano barrio de Sheikh Jarrah.
Alertó que esa acción socava directamente el estatus de la ONU y de sus instituciones, al tiempo que revela una vez más el desprecio de Israel por todas las resoluciones internacionales sobre el tema.
En 2024 Israel aprobó dos leyes que le prohibía a la Unrwa cualquier actividad en el país y en los territorios ocupados palestinos, lo cual provocó una ola de condenas globales.
La primera de ellas impidió las actividades de la Unrwa dentro de “áreas bajo soberanía israelí”, incluida la zona oriental de la ciudad de Jerusalén, ocupada desde la guerra de 1967.
La prohibición se extendió a la operación de oficinas de representación y la prestación de servicios, mientras que la segunda ley impide cualquier contacto de las autoridades con el organismo.
También impuso obstáculos a la negociación de la agencia con bancos israelíes, la obtención de transferencias financieras y el pago de salarios.
En diciembre último, la Knesset (Parlamento) votó a favor de cortar la electricidad y el agua a las instalaciones propiedad u operadas por la Unrwa en Palestina.
La nueva normativa también permite al Gobierno confiscar “sin necesidad de iniciar procedimientos legales o administrativos” propiedades en Jerusalén Este que fueron arrendadas a la Unrwa.
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