En mensaje en su cuenta de X, Noboa -que se encuentra en Davos, Suiza, en el Foro Económico Mundial- señaló que la medida responde a la supuesta falta de cooperación en el combate al narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común.
“Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los mil millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, dijo el mandatario ecuatoriano.
De acuerdo con Noboa, la decisión de imponer un 30 por ciento de impuestos a los productos provenientes de Colombia corresponden a una “tasa de seguridad”.
Añadió que esa tarifa se mantendrá vigente “hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”.
Varios comentarios a la publicación del mandatario se refieren a la medida como una imitación al presidente estadounidense, Donald Trump, y otros usuarios recuerdan la dependencia de Ecuador de la compra de energía eléctrica a Colombia para cubrir su déficit.
Ecuador enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes y 2025 cerró como el año más violento de la historia del país, con más de nueve mil homicidios.
Investigaciones internacionales indican que el 70 por ciento de la droga del planeta transita por este territorio de la mitad del mundo.
La semana pasada, el Ejecutivo anunció el despliegue de 10 mil militares en las provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos, así como operativos en puertos y cárceles para frenar el crimen organizado.
El Gobierno de Noboa asegura que es necesaria la cooperación internacional para enfrentar el narcotráfico y los delitos asociados.
En enero de 2024, el jefe de Estado decretó la existencia de un conflicto armado interno y declaró como terroristas a las bandas del crimen organizado.
A eso se suman los constantes decretos de estado de excepción y la militarización de territorios, medidas cuestionadas por organizaciones de derechos humanos y expertos que advierten sobre su falta de efectividad y, a su vez, denuncian desapariciones forzadas y otros abusos por parte de uniformados.
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