Siempre nuestra acción debe estar inmersa en el marco de lo que establecen las leyes, subrayó en entrevista concedida a la agencia local de noticias el titular de la cartera de Interior, quien confesó que su estrategia es a largo plazo.

Es una que puede ser sostenible a futuro, una política de mano dura que tienda a restringir derechos ciudadanos podría resolver el problema a corto plazo, pero luego me parece que sería indefendible, remarcó la autoridad.

Tenemos que actuar siempre dentro de la Constitución, restringiendo lo menos posible las garantías y la libertad de los ciudadanos, reiteró el funcionario.

Desde el Estado de Sitio decretado por el presidente del país, Bernardo Arévalo, el pasado domingo 28 y hasta el 26, precisó, obtuvimos logros en razón de la colaboración existente entre las fuerzas de seguridad civil y el Ejército.

Los operativos conjuntos –explicó- buscan ubicar y capturar a todas estas personas que forman parte de grupos criminales, para hacer una desarticulación real y evitar que sigan causando zozobra y dolor a la familia chapina.

Capturamos (con ese cierre) a mil 115 personas, incautamos 109 armas de fuego, 799 motocicletas y recuperamos 236 vehículos. Además, golpeamos las estructuras criminales al cortarles el mando desde las cárceles, amplió.

El ministro, quien asumió el cargo a fines de octubre de 2025 tras crisis por fuga de 20 reos de alta peligrosidad de una cárcel capitalina, confesó que encontró el Sistema Penitenciario mucho peor de lo que imaginaba.

Añadió que están ante la institución cenicienta del Estado, “es a la que menos recursos se le asignan”.

Tenemos cárceles sobrepobladas, en las cuales no se ejerce control, y no solo estructuralmente dañadas, sino también hacinadas, porque se superan las capacidades en un 340 por ciento, señaló el titular en sus declaraciones al medio.

Ejemplificó que tienen 25 centros penales con capacidad para seis mil privados de libertad y la cifra llega a 23 mil 700, lo cual no permite control dentro de ellos.

Contra ese número de reos tenemos cuatro mil guardias penitenciarios, mal pagados, desmotivados, sin jerarquía y propensos a involucrarse en actos de corrupción, expuso.

Ese es el reto y aspiramos a una transformación general del SP, advirtió el funcionario.

Esto pasa por renovar la guardia penitenciaria, construir nuevas cárceles, reacondicionar las actuales, afirmó.

Ese es el camino para que el SP deje de ser un problema y se convierta en una herramienta eficaz de la justicia penal en Guatemala, consideró Villeda.

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