El Congreso Nacional (Parlamento) aprobó la víspera la denominada Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de la Salud, impulsada por el presidente hondureño, Nasry Asfura, para solventar una supuesta crisis en la red hospitalaria estatal.

De acuerdo con el Ejecutivo del derechista Partido Nacional (PN), la polémica norma, que tendrá una vigencia de un año -prorrogable por el Parlamento a solicitud de Asfura-, busca resolver una elevada mora quirúrgica y el desabastecimiento de medicamentos.

En declaraciones a la prensa, la designada presidencial (vicepresidenta) María Mejía aclaró el pasado jueves que la decisión del mandatario de asumir personalmente la titularidad de la Secretaría de Salud (Sesal) es una medida estrictamente temporal para intervenir el sistema sanitario.

“No se trata de una privatización de la salud, sino de medidas inmediatas y temporales para salvar vidas, mientras se ordena y moderniza” la red pública hospitalaria, enfatizó, en respuesta a los cuestionamientos surgidos en diversos sectores profesionales y políticos.

Sin embargo, el ahora opositor Partido Libertad y Refundación (Libre) de la expresidenta Xiomara Castro, quien concluyó su gestión de cuatro años el pasado 27 de enero, negó la existencia de una emergencia en el sistema público que justifique esas medidas excepcionales.

Durante el debate de la legislación, el diputado de Libre Fabricio Sandoval aseveró que detrás del decreto está la clara intención de privatizar la salud y criticó la iniciativa, promovida por el PN en alianza con el también conservador Partido Liberal, las dos fuerzas tradicionales de Honduras.

A juicio de la formación de izquierda, que se abstuvo en la votación, la flamante normativa del bipartidismo (nacionalistas y liberales) contiene disposiciones que abren la puerta a una liberalización silenciosa de la sanidad financiada con fondos públicos.

El texto autoriza a la administración de Asfura, a través de la Sesal, a recurrir a procedimientos especiales y a la contratación directa de bienes y servicios, así como a la suscripción de convenios con empresas privadas, organizaciones no gubernamentales y cooperantes nacionales o internacionales.

Bajo la figura de la emergencia, se flexibilizan los controles ordinarios de contratación y se amplía la participación de actores particulares en la prestación de servicios que, por mandato constitucional, corresponden al Estado, advirtió el sitio digital Minota.

Diputados de Libre alertaron que esta lógica no representa una solución estructural, sino un traslado progresivo de funciones públicas al sector privado, donde el Estado deja de ser proveedor directo del derecho a la salud y pasa a desempeñar un rol de simple financiador.

La privatización, señalan, ya no se expresa en la venta de hospitales, sino en la normalización de la tercerización de servicios esenciales, con recursos públicos y bajo esquemas excepcionales que tienden a prolongarse en el tiempo.

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