La vicepresidenta de la comisión, Ysabel Zamora, alegó falta de evidencias capaces de probar que el mandatario dirigió tramas de corrupción, supuestamente destinadas a estafar a los contribuyentes.

Según resaltó la portavoz de la Presidencia, Claire Castro, el estadista siempre confío en la no existencia de indicios que pudieran llevar a la apertura de un proceso de destitución y transmitió su exhortación de seguir adelante.

Por otra parte, recordó que el gobierno filipino está obligado a cooperar con la Organización Internacional de Policía, conocida como Interpol, pues una de las mociones declaraba ilegal y exponía un resquebrajamiento del orden constitucional al permitir el arresto del expresidente Rodrigo Duterte, en esta capital.

El exdignatario fue detenido el 11 de marzo y trasladado a la sede de la Corte Penal Internacional, en La Haya, Países Bajos, para responder por hechos delictivos relacionados con su sangrienta guerra contra las drogas y cometidos cuando el país todavía era miembro de ese tribunal.

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