Publicado en la revista digital Encuentro, el texto referido al denominado “combustible basura” sostiene que “la verdad sobre los carburantes parece diluirse igual que la gasolina mal mezclada que hoy daña motores, economías familiares y, de paso, la paciencia ciudadana”.
“(…) Cuando un gobierno se contradice demasiado, no aclara nada, solo alimenta la sospecha”, advierte.
Señala Moreira que, según el propio Gobierno, el país estaba quebrado, no había recursos y por eso se habría conseguido gasolina y diésel “a crédito” o “al fiado” desde Estados Unidos, “una especie de milagro financiero internacional para evitar pagar la subvención”.
Recuerda, sin embargo, que antes de dejar el cargo, el entonces ministro de Economía del gobierno de Luis Arce, Marcelo Montenegro, habría transferido esos recursos (dos mil millones de dólares) a YPFB para su ejecución.
Pregunta entonces, “si no se usaron para subvencionar carburantes, ¿dónde está ese dinero?, ¿ quién lo administra hoy?, ¿por qué nadie rinde cuentas? Tal vez se mezcló y desapareció como la gasolina”, ironiza el economista.
Opina Moreira que la segunda mentira gubernamental tiene carácter técnico y político, pues las autoridades ocultan a cuánto cobraron el litro de la gasolina y el diésel entregado al país “al fiado”, y cuánto endeudamiento significó.
Asimismo, pregunta, ¿por qué en noviembre y diciembre no hubo problemas de calidad, “pero en enero, cuando ya no hay subvención, aparecen todos los defectos posibles?”.
“¿Será que ya no importa quién importa el carburante? ¿Será que ahora no es YPFB sino importadores privados, más preocupados por ganar unos dólares extra que por la calidad del producto que venden?», expresa.
Indica que el Estado sigue recibiendo carburantes bajo condiciones poco transparentes, mientras se eliminó la subvención al pueblo y, aun así, “se nos vende gasolina de baja calidad. Lo más indignante es la facilidad con la que el Gobierno intenta lavarse las manos culpando a la gestión anterior, como si el pasado aún manejara las llaves de los tanques”.
En referencia al contexto social, subraya Moreira que mientras tanto los choferes anuncian demandas por resarcimiento y el Gobierno responde con una “masacre blanca” en YPFB: 360 trabajadores despedidos bajo el argumento de una reestructuración interna.
Sin embargo, menciona como una curiosidad, que quienes toman decisiones, firman contratos y autorizan compras de combustible de mala calidad, siguen bien sentados en sus altos cargos.
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