El comunicado de los organismos destaca que entre los sospechosos figuran un teniente general que fue jefe adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, un mayor general antiguo jefe del Cuerpo de Comunicación de las Fuerzas Armadas, un coronel ex jefe del Departamento de Desarrollo de Automatización del Estado Mayor, y el director de una empresa privada.

En ese contexto, explicaron que los exfuncionarios castrenses son sospechosos de dirigir un plan de desfalco de capitales por un valor de 246 millones de grivnas, unos 5,7 millones de dólares.

De acuerdo con el comunicado, el Ministerio de Defensa de Ucrania firmó en 2016 un contrato para el sistema automatizado del centro de gestión operativa de las Fuerzas Armadas “Dzvin”, con una empresa comercial sin experiencia en el desarrollo de ‘software’.

«Durante los cuatro años de desarrollo, las especificaciones técnicas se modificaron 13 veces, lo que incrementó el coste del trabajo en 300 millones de grivnas (siete millones de dólares). Sin justificación, el número de prototipos del sistema se incrementó de cuatro a 11, lo que generó costes adicionales de adaptación de la documentación: 115 millones de grivnas (2,6 millones de dólares)».

La Oficina Anticorrupción precisó además que el sistema desarrollado no cumplía en absoluto con los requisitos técnicos, con fallas que variaban desde su incompatibilidad con los protocolos de la OTAN hasta la falta de integración con otros métodos militares.

Al respecto, añadieron que, de las 200 tareas de información y cálculo planificadas, solo 10 fueron implementadas.

«En el período de la investigación, detectives y fiscales enfrentaron intentos de obstruirla: los implicados en el esquema ocultaron documentación clave sobre la financiación y el desarrollo del proyecto”, acotó la Fiscalía.

Asimismo, denunciaron las entidades que, tras el inicio de la indagación, aceleraron el trabajo e incluso modernizaron el sistema gratuitamente, intentando asemejarlo al diseño original.

A finales de diciembre de 2025 la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania presentó una notificación de sospecha a cinco diputados del Parlamento ucraniano por su presunta participación en un grupo delictivo organizado que habría garantizado, mediante sobornos, el supuesto voto correcto en determinados proyectos de ley.

Ese mismo día la Fiscalía General de Kiev informó que había descubierto un esquema delictivo de apropiación ilegal de electricidad por un valor que superaba los 168 millones de grivnas (casi cuatro millones de dólares) en perjuicio de la empresa estatal Ukrenergo.

Dichas investigaciones se produjeron en el contexto del megaescándalo de corrupción que semanas antes sacudió todo el país y que afectaba al entorno del presidente Vladimir Zelenski.

Creada en 2015 a petición de los socios occidentales de Ucrania y del Fondo Monetario Internacional, la Oficina Nacional Anticorrupción se habría convertido en un estorbo para el líder de Kiev, quien en julio de 2025 intentó desmantelar tanto esta entidad como la Fiscalía Especial Anticorrupción.

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