“Rechazamos el llamado de la Comisión a la aplicación del principio de no devolución de manera general a todo migrante en condición migratoria irregular, pues lo mismo equivaldría a obligar al Estado a aceptar a todo ciudadano haitiano que desee ingresar, aun de forma irregular, a nuestro territorio”, sostuvo en un comunicado.

Reafirmó su compromiso con la protección de los derechos humanos y, simultáneamente, con el cumplimiento legítimo de su marco legal interno.

“El fenómeno migratorio que enfrenta el país debe analizarse en su dimensión regional. La prolongada crisis política, de seguridad y humanitaria en Haití ha generado una presión migratoria sostenida y excepcional”, indicó.

En su respuesta, el Gobierno expresó que, durante décadas, este país ha asumido una carga desproporcionada frente a una crisis que trasciende sus fronteras y reiteró que la facultad de definir políticas migratorias constituye un atributo esencial de la soberanía estatal.

Explicó que las medidas adoptadas por el Gobierno responden a la necesidad legítima de gestionar de manera ordenada un flujo migratorio extraordinario para evitar el impacto negativo que éste genera sobre la cohesión social y sobre el gasto en servicios públicos.

Ningún Estado puede ser obligado a asumir la protección o provisión de servicios de la población de otro Estado ante el colapso del segundo, apuntó.

Reiteró que la crisis haitiana constituye un desafío regional que requiere una respuesta colectiva.

“No existe una solución dominicana a la crisis haitiana. República Dominicana continuará abogando activamente en los foros multilaterales por una acción internacional efectiva, solidaria y corresponsable”, subrayó.

Aseguró que ninguna persona es privada de atención médica de urgencia por razón de su estatus migratorio.

Aseveró, además, que en los centros de procesamiento migratorio, el Estado ejecuta mejoras progresivas de infraestructura, condiciones sanitarias y atención médica básica, con mecanismos de supervisión interna.

Más adelante señaló que “el Estado dominicano observa con preocupación que el comunicado de la CIDH parece privilegiar alegaciones no verificadas por encima de la información oficial remitida por las autoridades nacionales”.

Reiteró su disposición al intercambio técnico y transparente de datos, y subrayó que toda evaluación debe incorporar fuentes contrastables y el contexto regional que explica la presión migratoria excepcional.

El Ejecutivo reafirmó su voluntad de profundizar la cooperación técnica con la CIDH sobre la base del respeto mutuo y la buena fe.

El gobierno de Luis Abinader endureció el año pasado la política migratoria, en particular la relacionada con los ciudadanos de Haití, y prácticamente todos los días son devueltos a la nación fronteriza más de mil personas, según informes de la Dirección General de Migración.

lam/mpv