En cadena nacional radiotelevisada el domingo último, el mandatario subrayó que seguirán con el control de las cárceles, el corte de comunicación de los criminales y la implementación de acciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército.
Tras el Estado de Sitio establecido por crisis en las cárceles y asesinato de 11 policías, el jefe de Estado remarcó que mantendrán la estrategia de operativos quirúrgicos en el objetivo también de proteger las actividades cotidianas y la normalidad.
Sumado a eso –añadió Arévalo- desplegaremos el Plan Centinela Metropolitano, ampliaremos las diligencias exitosas de meses anteriores, ahora en todo el departamento capital.
Se trata de operativos de fuerzas combinadas entre el Ejército y la PNC con intervenciones barriales y resultados medibles, detalló el político de 67 años, abanderado del partido Movimiento Semilla.
La estrategia –dijo- está diseñada para que los resultados prosigan a través de operaciones en tres áreas: control de las cárceles, ruptura de la comunicación dentro de ellas y entre las prisiones y la calle.
En el marco del Estado de Sitio, las fuerzas militares capturaron 83 pandilleros de alta peligrosidad e incautaron casi cinco toneladas de cocaína, en el decomiso de droga más grande de los últimos 12 años, entre otras.
Datos oficiales divulgados expusieron que del 1 de enero al 12 del presente mes se registraron solamente 253 crímenes, lo que refleja la mejor estadística de ese periodo en los últimos cinco lustros.
Según la Ley de Orden Público de Guatemala, el Estado de Prevención no requiere la aprobación del Congreso y su vigencia no puede exceder de 15 días.
Durante la etapa, el Gobierno puede aplicar medidas temporales para mantener el control y la seguridad, como: militarizar servicios públicos, incluidos centros educativos, y supervisar servicios prestados por empresas privadas.
Regular o suspender huelgas y paros, especialmente si tienen fines políticos, limitar o prohibir reuniones y manifestaciones públicas, incluso si son particulares, y disolver reuniones o protestas que no cuenten con autorización.
Además, restringir la circulación de vehículos, establecer horarios o zonas de control y exigir registro de itinerarios.
En caso de desacato, las autoridades pueden proceder legalmente por desobediencia, sin perjuicio de otras sanciones que correspondan.
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