El proyecto, enviado con carácter económico urgente por el presidente Daniel Noboa, será sometido a un segundo y definitivo debate desde las 11:00, hora local, de este viernes en una sesión especial en la provincia de Guayas, según la convocatoria del titular del Legislativo, Niels Olsen.
La iniciativa propone incorporar reglas fiscales de sostenibilidad y racionalidad del gasto para los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), que incluyen municipios, prefecturas y juntas parroquiales.
Entre los cambios centrales, establece que al menos el 70 por ciento de los recursos se destinen a inversión y el 30 por ciento a gasto corriente.
El Ejecutivo sostiene que la reforma busca preservar la disponibilidad presupuestaria para inversión, mantenimiento y provisión de servicios públicos.
Sin embargo, autoridades locales han advertido que la redefinición de qué puede considerarse inversión limitaría la autonomía financiera de los gobiernos subnacionales y pondría en riesgo programas sociales.
La víspera, cientos de trabajadores municipales, docentes, gestores culturales, médicos, comités de padres de familia y organizaciones barriales marcharon en esta capital para expresar su rechazo a la propuesta.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, solicitó el archivo del proyecto y argumentó presunta inconstitucionalidad y una aplicación equivocada de la normativa fiscal.
En un mensaje transmitido en redes sociales, Muñoz advirtió que la eliminación de determinadas partidas presupuestarias, vinculadas a personal para inversión y transferencias sociales, podría afectar la continuidad de programas sociales, actividades extracurriculares en escuelas y subsidios al transporte público.
En la misma línea, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, estimó que la reforma implicaría un recorte de alrededor de mil millones de dólares para los GAD a escala nacional.
En el caso de su provincia, donde se encuentra la capital del país, habría una posible reducción cercana a 50 millones de dólares si la norma entra en vigencia.
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