La decisión fue comunicada por los ministros de la Secretaría General de la Presidencia, Guilherme Boulos, y de Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara, después de una reunión en el Palacio de Planalto.

Según informó Agencia Brasil, la determinación respondió a la principal demanda de los pueblos originarios del río Tapajós, en el oeste del estado de Pará, que se movilizaron contra la norma.

Firmado el año pasado, tal decreto preveía estudios para conceder a la iniciativa privada la hidrovía de dicho afluente y de otros dos grandes: el Madeira y el Tocantins.

A criterio de diversas voces, el transporte fluvial resulta estratégico para el traslado de granos producidos en Mato Grosso hacia los puertos de Pará, desde donde se exportan al mercado internacional.

Sin embargo, el proyecto encontró fuerte resistencia en las comunidades indígenas (de unos siete mil integrantes de 14 pueblos), ribereñas y quilombolas (descendientes de africanos esclavizados).

Los manifestantes denunciaron la ausencia de estudios ambientales concluyentes y alertaron sobre riesgos como la erosión de riberas, afectaciones a la pesca y posibles daños irreversibles a uno de los principales corredores ecológicos de la Amazonía.

Además, las protestas incluyeron la ocupación de instalaciones de la multinacional Cargill en el puerto de Santarém, y movilizaciones en las ciudades de São Paulo y Brasilia.

Este es un gobierno comprometido a escuchar al pueblo y a los pueblos indígenas, manifestó Boulos al subrayar que el Ejecutivo está dispuesto a revisar sus propias decisiones cuando considera que afectan derechos colectivos.

Por su parte, Guajajara reiteró el compromiso de cumplir el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece la consulta libre, previa e informada a dichas comunidades sobre proyectos que impacten sus territorios.

En noviembre pasado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), celebrada en Belém, una protesta del pueblo Muduruku bloqueó el acceso al evento y forzó al gobierno a prometer consultas específicas sobre la hidrovía del Tapajós.

A inicios de este mes, la administración había suspendido la contratación de una empresa para dragar el lecho del río, obra clave con el fin de permitir la navegación en etapas de sequía, recordó el mencionado medio de comunicación.

Más allá del desenlace, opinan expertos, esta situación reabrió el debate en Brasil sobre cómo compatibilizar la expansión de corredores logísticos para el agronegocio con la protección ambiental y el respeto a los derechos históricos de los pueblos originarios en la Amazonía.

rc/dsa