Gustavo Redin, vocero de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma), afirmó que la iniciativa podría ser aprobada en el pleno del Legislativo esta semana incluso con votos de asambleístas que llegaron al Parlamento defendiendo los derechos de la naturaleza.

“Sería terrible que eso suceda”, dijo Redin a Prensa Latina al referirse al respaldo de legisladores que se opusieron al archivo del proyecto y que, según señaló, “ya están dando luces” de apoyo a la propuesta del Ejecutivo.

Explicó que uno de los cambios centrales de la normativa es la sustitución de la licencia ambiental por una figura más simple de autorización que permitiría al Ejecutivo definir, sin necesidad de estudios de impacto, qué tipo de permisos requiere cada proyecto minero.

“Mediante decreto el Ejecutivo adquiere un punto más de poder y podrá decidir de manera arbitraria qué rango de licencia, permiso o autorización requiere la minería y en dónde”, advirtió.

Redin sostuvo que este cambio podría eliminar, en la práctica, la obligación de realizar consulta previa a pueblos indígenas y consulta ambiental a la población en general, derechos consagrados en la Constitución, aunque solo exigibles cuando se requieren licencias ambientales.

“Si el presidente decide que una minería es de bajo impacto y solo necesita un permiso, de facto queda excluida la consulta previa y la consulta ambiental”, afirmó.

El vocero de Cedenma alertó que esto generará “mucha inseguridad jurídica”, ya que las comunidades solo podrían demandar la inconstitucionalidad una vez vulnerado el derecho, tras largos procesos judiciales.

Redin cuestionó además que el proyecto mezcle minería y energía en una sola norma, lo que, según dijo, vulnera el principio de unidad de materia y dificulta la aplicación coherente de la ley.

El ambientalista mencionó que al tratarse de una ley económica urgente, el debate se limita a un mes en el Legislativo, lo que restringe la participación democrática.

En ese sentido, lamentó que en las discusiones de la propuesta solo se haya escuchado a la Cámara de Minería y a representantes de empresas extractivistas o del Gobierno, sin que grupos ambientales expusieran su postura.

Sobre los intereses detrás de la ley, Redin afirmó que el objetivo es “favorecer a los mineros” y señaló que la familia del presidente, Daniel Noboa, tiene inversiones en el sector, según publicaciones de prensa.

Otra de las preocupaciones del activista es que la militarización de zonas mineras legales, como está previsto en la normativa, podría utilizarse para contener la oposición social.

Añadió que la iniciativa se enmarca en la promoción internacional del país como destino minero y advirtió que la falta de seguridad jurídica podría derivar en demandas internacionales contra el Estado ecuatoriano.

Por otro lado, Redin alertó que el proyecto estaría ligado con el acuerdo sobre minerales críticos firmado recientemente con Estados Unidos y con compromisos asumidos por Ecuador ante el Fondo Monetario Internacional.

Ante la posibilidad de que la ley finalmente sea aprobada, adelantó que presentarán demandas de inconstitucionalidad por vicios de fondo y de forma.

Con la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía el oficialismo afirma que se busca una regulación eficiente que contribuya a mayores ingresos fiscales, así como que los sectores estratégicos cuenten con control frente a las amenazas del crimen organizado.

No obstante, Redin insistió en que la flexibilización de estudios de impacto ambiental impediría a las comunidades conocer los riesgos reales de los proyectos, con efectos potenciales sobre el agua, la biodiversidad y actividades productivas como la camaronera.

“Se va a ir a ciegas a la explotación y eso puede ser nefasto para la sostenibilidad de los ecosistemas y para la salud de las poblaciones”, concluyó.

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