Lara presentó la demanda en una sala del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia, en la ciudad de La Paz, como parte de un proceso legal cuya tramitación quedó en manos de dicha instancia.
Esa solicitud fue formalizada este martes y deberá ser evaluada por los magistrados del TCP, quienes definirán su admisión y posterior tratamiento conforme al procedimiento establecido en la ley de leyes del Estado Plurinacional.
A la salida de las oficinas del TCP, el vicemandatario evitó referirse ante la prensa al DS 5552.
Esta normativa aprobada por el gabinete del dignatario Rodrigo Paz traspasó a cuatro ministerios un total de 28 dependencias, entre ellas la Secretaría General, siete direcciones, 14 unidades, además de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (Adsib), que hasta ahora se subordinaban a la Vicepresidencia del Estado.
Simultáneamente, quedaron eliminadas las unidades de Auditoría, la de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, y se definió que las unidades del Ministerio de la Presidencia ejercerán sus funciones sobre las actividades, operaciones y personal de la Vicepresidencia, según la norma.
La víspera, Lara anunció que preparaba acciones constitucionales contra el DS 5552 por considerar que daña la democracia y reduce su papel al de “empleado” del ministro de la Presidencia.
“Prácticamente soy un empleado (del ministro) José Luis Lupo. Lamentable la situación, yo no lo esperaba”, aseguró en Santa Cruz, al lamentar que, según ese DS no puede contratar a nadie ni rubricar ningún memorándum.
La normativa coloca a la Vicepresidencia bajo dependencia administrativa del Ministerio de la Presidencia, disponiendo que direcciones subordinadas hasta ahora a Lara pasen a tuición de varias carteras ministeriales.
Rechazó el vicemandatario ser dependiente de un candidato que perdió las elecciones, en referencia a que Lupo compitió en los comicios generales como aspirante a vicepresidente junto al candidato a jefe de Estado por la alianza Unidad, Samuel Doria Medina.
Insistió en que activará las acciones legales correspondientes al respecto y exhortó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y a las autoridades convocadas a que fallen con apego a la justicia.
Enfatizó en que está defendiendo la institucionalidad, porque no se puede tener a un presidente que gobierne por decreto, de manera digital y que vulnere derechos.
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