El único año que registró un repunte fue 2019, con 32 mil 061 gestaciones, frente a 29 mil 192 en 2018.

A pesar de la disminución en los últimos años, el problema persiste y continúa siendo un reto que pone en riesgo el bienestar, la educación y el futuro de miles de niñas en el país.

En cuanto a los abortos, estos descendieron un 75 por ciento, de cuatro mil 287 en 2017 (21.62 por ciento del total de embarazadas menores) a mil 071 en 2025 (16 por ciento). Entre las menores de 14 años, los abortos espontáneos también disminuyeron, pasando de 275 a 74 en el período analizado.

La ONE informó que en 2017 se practicaron 13 mil 828 cesáreas y 17 mil 346 partos vaginales entre adolescentes.

Para 2021, las cifras fueron 10 mil 681 cesáreas y 14 mil 513 partos. En 2025, los números quedaron casi iguales: cinco mil 387 cesáreas y cinco mil 503 nacimientos naturales.

El abandono escolar aumenta con la edad. Según la misma fuente, en 2023, el 3.9 por ciento de las niñas de hasta 13 años dejó los estudios tras quedar embarazadas.

El porcentaje sube al 5.6 por ciento a los 15 años, 6.2 por ciento a los 16 y 8.1 por ciento a los 17. Al cumplir 18 años, las jóvenes madres abandonan la escuela en un 16.1 por ciento de los casos, llegando al 20.2 por ciento a los 19 años.

Para enfrentar este problema, el gobierno implementa varias iniciativas como la Política de Prevención y Atención a las Uniones Tempranas y el Embarazo en Adolescentes, coordinada por el Gabinete de Niñez y Adolescencia y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), que incluye campañas de sensibilización, educación sexual integral y talleres comunitarios.

Además, los Ministerios de Educación y el de Juventud desarrollan programas en las escuelas que combinan orientación, empoderamiento juvenil y habilidades para la vida, con el objetivo de reducir embarazos y uniones tempranas.

Sin embargo, la persistencia de este fenómeno está vinculada a factores como la pobreza, la desigualdad, el acceso limitado a servicios de salud sexual y reproductiva, y brechas en educación sexual en algunas comunidades.

Analistas coinciden en que la reducción de cifras no significa que el problema esté erradicado, y subrayan la necesidad de continuidad, ampliación y adaptación de planes y políticas para garantizar que más adolescentes puedan acceder a educación, salud y oportunidades de desarrollo.

mem/mpv