Por Boris Luis Cabrera

   Esa decisión, comunicada a la Federación Cubana de Béisbol y Softbol, impide viajar a directivos y técnicos con funciones oficialmente reconocidas por los organizadores del torneo, entre ellos su presidente Juan Reinaldo Pérez, el secretario general Carlos del Pino y el entrenador de pitcheo Pedro Luis Lazo.

   No se trata de nombres aleatorios, sino de piezas estructurales en la arquitectura de cualquier delegación internacional que acuda al torneo beisbolero más importante del mundo.

   El VI Clásico Mundial, previsto para comenzar el 5 de marzo en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico, no es un evento bilateral ni una serie amistosa: es una cita global bajo el paraguas de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol y con el aval competitivo de la Major League Baseball.

   Al asumir la sede, un país contrae compromisos logísticos y éticos con todas las naciones participantes. Negar visados a miembros acreditados de una delegación oficial fractura ese principio elemental de igualdad.

   Se ha invocado la Sección 243(d) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad estadounidense. Pero el argumento jurídico no logra ocultar el trasfondo político de una decisión que no se aplica a otras selecciones convocadas.

   Ningún otro país clasificado ha debido esperar autorizaciones especiales del Gobierno anfitrión para ser formalmente invitado; ninguno ha visto desmembrada su estructura técnica por decisiones políticas ajenas al terreno de juego.

   El deporte, que presume de neutralidad, queda así atrapado en una red de condicionamientos que desvirtúan su esencia. La delegación cubana, obligada a reconfigurar su engranaje a días del estreno, competirá en desventaja organizativa.

   Y aunque el roster de jugadores no haya sido directamente afectado por estas negativas, la ausencia de liderazgo federativo y asesoría técnica repercute en la planificación estratégica, en la toma de decisiones y en la moral colectiva.

   Paradójicamente, mientras a Cuba se le levantan muros migratorios, el propio torneo exhibe otras ataduras menos visibles pero igualmente determinantes. 

   Los peloteros vinculados a organizaciones de Grandes Ligas deben cumplir estrictas condiciones para vestir el uniforme de sus países: límites rigurosos de lanzamientos por juego, días obligatorios de descanso, supervisión médica constante y pólizas de seguro que garanticen salarios multimillonarios en caso de lesión.

   Por ejemplo, los puertorriqueños Francisco Lindor y Carlos Correa no participarán en el torneo debido a restricciones relacionadas con sus seguros médicos, mientras que la superestrella japonesa Shohei Ohtani no podrá desempeñarse como lanzador y deberá limitarse a batear por decisión de su equipo, los Dodgers de Los Ángeles.

   El equilibrio entre negocio y nación es frágil. Si un jugador del roster de 40 hombres es considerado “no asegurable”, enfrenta un dilema que no aparece en los afiches promocionales: jugar sin cobertura y arriesgar su salario, pagar de su bolsillo una póliza privada o renunciar al sueño de representar a su bandera.

   En ese escenario, las franquicias —con inversiones que superan centenares de millones de dólares— no pueden obligarlo a desistir, pero sí sugerirlo con el peso silencioso del contrato.

   Existen casos como el del serpentinero estadounidense Tarik Skubal, quien apenas podrá realizar una salida. México, por su parte, no podrá contar con los también lanzadores Taj Bradley y José Urquidy, ni con el jugador de cuadro Ramón Urías.

   Bradley debe asegurar un puesto en la rotación de su organización en la Gran Carpa, mientras que Urquidy y Urías priorizan sus compromisos contractuales con sus respectivos equipos.

   Así, el Clásico transita por una cuerda floja: por un lado, el fervor patriótico y la demanda masiva de entradas; por otro, la lógica empresarial que protege activos y calcula riesgos.

   Las restricciones de pitcheo y los descansos obligatorios pueden ser comprensibles desde la óptica médica, pero reducen el margen estratégico y condicionan el espectáculo. Cuando a ello se suma la negación selectiva de visas, la competencia pierde simetría.

   Cuba reclama el mismo trato que el resto de las naciones clasificadas. El béisbol, patrimonio compartido en el Caribe y en América del Norte, no debería convertirse en rehén de patrañas políticas, y si el diamante es territorio neutral, las reglas deben aplicarse con idéntico rasero.

   El Clásico Mundial nació para globalizar el béisbol y unificar su escenario competitivo. Establecer limitaciones en la sede por motivos ajenos al terreno de juego contradice ese espíritu fundacional, porque el deporte, cuando es auténtico, tiende puentes.

   Cuba viajará —con las piezas que le permitan— y jugará como sabe: con la memoria de sus glorias y la convicción de que la pelota no entiende de políticas. Pero el episodio deja una sombra sobre el torneo, porque si el béisbol aspira a ser lenguaje universal, no puede hablar con acento de exclusión.

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