El gobierno de Daniel Noboa, que propuso la iniciativa, afirma que el objetivo es atraer inversiones y recursos fiscales, al tiempo que establece controles para la exploración y explotación minera y crea áreas con protección de seguridad estratégica para enfrentar a grupos de delincuencia organizada en territorios mineros.

Durante el debate, tres asambleístas que representan a la región amazónica condicionaron su apoyo a la Ley a cambios en el texto, en particular a la eliminación del artículo que afectaba la asignación del 30 por ciento de regalías petroleras y excedentes de empresas públicas.

Finalmente, el pleno votó por separado ese artículo, que fue eliminado, lo que permitió finalmente la aprobación del proyecto legal con 77 votos, el mínimo para dar luz verde a una disposición.

La RC votó en contra y advirtió que la norma abre la puerta a la minería a gran escala, debilita la consulta previa, libre e informada y podría derivar en el uso de fuerzas de seguridad para proteger intereses empresariales.

En tanto, el legislador alterno Paco Cepeda fue expulsado de la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) tras abstenerse a votar a favor de la medida.

En su cuenta de X, Cepeda expresó que el compromiso es respetar y defender a los habitantes de su provincia de Azuay, quienes se han pronunciado contra la minería.

Anteriormente, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) alertó que la Asamblea debía escoger entre el agua y el extractivismo, y advirtió sobre riesgos ambientales y de militarización de territorios.

Por otro lado, en el ámbito energético, la disposición incorpora cambios en conceptos como generación distribuida, autoabastecimiento y distritos autónomos energéticos y establece reglas para la participación excepcional de empresas privadas, estatales extranjeras y de la economía popular y solidaria, entre otros temas.

Mientras se desarrollaba la sesión, un grupo de personas protestó en los exteriores de la Asamblea Nacional en Quito, aunque el pleno sesionó en Samborondón, en la provincia de Guayas.

La asambleísta Verónica Iñieguez, de la RC, cuestionó que, con la aprobación de la Ley, Galápagos “se convertirá en una cantera”, los páramos se verán afectados y que los territorios de la Amazonía serán “sacrificados”.

Diversos grupos sociales advirtieron que acudirán a la Corte Constitucional con demandas para intentar anular la medida.

Este jueves, en las afueras de ese organismo judicial, colectivos ambientalistas se congregaron para demandar que la ley sea derogada.

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