La víspera, concluyó la presentación de alegatos de la defensa de los más de 20 impugnados entres los aparecen los expresidentes de la República, Ricardo Martinelli ( 2009-2014)- ahora asilado en Colombia-; y Juan Carlos Varela (2014-2019).

Quedan por resolver recursos presentados, como solicitudes de acciones civiles, pero ya no habrá más testigos, evidencias, ni alegatos de la fiscalía, ni los abogados defensores.

De acuerdo con el Órgano Judicial, todo está en manos ahora de la jueza a cargo Baloisa Marquínez, quien se acogió al término de ley – poco más de 30 días- para emitir su veredicto.

La audiencia del viernes comenzó con el imputado de más alto perfil: Martinelli.

Su abogado, Carlos Carrillo, basó su alegato en descalificar el proceso, desmeritar las pruebas, cuestionar la asignación de la jueza y atacar el accionar de las fiscales en el proceso.

Carrillo denunció lo que calificó como “vicios procesales” en la causa, entre ellos lo que considera fue una violación al principio de especialidad, el cual aduce que Martinelli no podía ser juzgado por un cargo distinto al que fue extraditado de Estados Unidos (interceptaciones telefónicas o “pinchazos”).

La jueza Marquínez ya se ha pronunciado sobre este argumento durante el juicio, rechazando que se estuviera violando.

También cuestionó que las evidencias bajo las que se inició este caso fueron declaradas nulas en Brasil y carecen, según los tribunales brasileños, de valor legal.

La respuesta de la fiscal Ruth Morcillo al ser preguntada sobre este punto por los medios de comunicación, es que el Ministerio Público igual tomó declaraciones de estos testigos por su cuenta.

La decisión del tribunal marcará el desenlace de un juicio que ha concentrado la atención nacional e internacional y que pone en jaque la certeza de justicia en el istmo.

El caso se originó a partir de una denuncia presentada el 18 de septiembre de 2015 por el abogado Alvin Weeden, fallecido en 2023, y que el expediente incorporó cooperación jurídica internacional con Brasil, así como el acuerdo de Odebrecht con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

A nivel mundial, esa compañía y sus conspiradores admitieron el pago de aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos a cambio de obras en al menos 12 países, mientras que en Panamá los desembolsos superaron los 59 millones de dólares entre 2010 y 2014.

El tribunal reafirma que el blanqueo de capitales es un delito autónomo, por lo que no es estrictamente necesaria una condena previa por el delito precedente para procesar a los implicados, un punto central que sostiene la viabilidad del juicio pese a prescripciones y sobreseimientos anteriores.

mem/ga