La decisión tuvo lugar en un contexto marcado por cuestionamientos públicos y presión legislativa por la gestión de albergues bajo custodia estatal.

Su salida ocurre tras varias semanas de críticas por presuntas irregularidades en centros administrados o supervisados por Senniaf.

Una de las situaciones que elevó el tono del debate fue la inspección realizada al Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen por diputadas de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional(parlamento), donde se detectaron diversas anomalías.

Tras conocerse la renuncia, la diputada independiente Alexandra Brenes declaró a la prensa que la decisión debió tomarse antes.

“Es una persona que se encuentra bajo investigación por presuntos delitos. Si fue su decisión, me parece acertada. Debió ser separada del cargo desde el momento en que se inició la investigación”, afirmó.

Hasta horas antes de confirmarse su salida, Fábrega tenía pendiente comparecer ante el Legislativo para sustentar la memoria institucional de la entidad.

En paralelo, la comisión mantiene un plan de fiscalización en campo. Para esta semana están programadas visitas a varios albergues en la ciudad de Panamá que buscan verificar condiciones de atención, infraestructura y cumplimiento de protocolos en los centros que albergan a niños y adolescentes bajo protección del Estado.

De su parte, el presidente de la República, José Raúl Mulino, aceptó la renuncia de la funcionaria y en su reemplazo designó a Otilia Rodríguez, quien fungía como directora de protección de la misma entidad.

En febrero de 2021 abusos en albergues infantiles en Panamá generaron uno de los mayores escándalos en el país istmeño con fuertes protestas y revelaciones de actos contra los derechos de los menores.

El asunto obligó al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia a expresar su ‘profunda preocupación’ por las denuncias, instó a las autoridades a una rápida investigación y recordó que los infantes en los albergues están bajo ‘protección especial del Estado’.

Esa institución también pidió no dilatar más una ley que garantice la protección integral de la niñez y la adolescencia, lo que fue varias veces recomendado por el Comité de los derechos del Niño, y al mismo tiempo ‘emplazó’ al Gobierno a proceder con ‘carácter de urgencia’ en el sistema de protección a los más jóvenes. Esos hogares son administrados por fundaciones, organizaciones no gubernamentales e instituciones religiosas, principalmente evangélicas, y reciben subsidios gubernamentales, porque la ley coloca a los infantes bajo protección del Estado, aunque la principal crítica es la ausencia de control sobre sus protegidos.

Entre la población residente en estos albergues sobresalen menores procedentes de hogares disfuncionales, ambientes sociales adversos para su desarrollo, discapacitados y niñas embarazadas como consecuencia de violaciones sexuales.

mem/ga