Según la nota, las subvenciones ahora incluyen fondos que las entidades pueden utilizar para “presionar al gobierno georgiano, a las instituciones estatales y al público” con el objetivo de “cambiar la política interna o exterior de Georgia” o gastarlos en “actividades en interés de autoridades extranjeras o partidos políticos”.

Sin el consentimiento del Gobierno georgiano, recibir subvenciones se castiga ahora con hasta seis años de prisión, y el lavado de dinero a través de actividades políticas se castiga con hasta 12 años.

Las autoridades del país caucásico han acusado repetidamente a los patrocinadores extranjeros y a sus agentes políticos en Georgia de intentar derrocar al Gobierno por distinto medios, por lo que ha decidido endurecer las leyes.

Ahora también está prohibido el cabildeo político por parte de entidades georgianas en el exterior del país.

La oposición califica estas medidas de «represivas». Anteriormente, la comisaria europea, Kaja Kallas, al comentar las nuevas iniciativas legislativas de las autoridades georgianas, prometió represalias contra quienes las introdujeran, declarando su intención de apoyar las «libertades» en Georgia.

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