Tras encabezar la inauguración del Ecoparque La Ceiba, en Palenque, del sureño estado de Chiapas, la jefa del Ejecutivo aseveró que la fuerza de la administración que lidera está en el pueblo, de ahí que el Ejecutivo tenga “muy presentes los principios de nuestro movimiento”.

Sostuvo que “ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio, porque aquí hay mexicanas y mexicanos que defendemos la patria”.

“Por eso cualquier gobierno extranjero se topa con principios, el principio de la defensa de la soberanía, por eso cualquier gobierno extranjero se topa con algo que es muy fuerte: que es el pueblo de México, que es su historia, que es su grandeza y que es su dignidad”, recalcó.

Sus palabras tienen lugar en un contexto marcado por las solicitudes de detención provisional con fines de extradición hechas por Washington contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros nueve funcionarios y ex servidores públicos por una supuesta vinculación con la delincuencia organizada.

La Fiscalía General de la República concluyó este viernes que no existen evidencias para “la urgencia de la detención provisional” pedida por la nación norteña.

“En el pedimento que nos ocupa no hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional”, refirió el órgano autónomo en un comunicado.

Advirtió que no existen pruebas anexas que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar y añadió que la difusión pública de la información base (por parte de Washington) pone en riesgo el debido proceso.

Por esas razones, señaló que enviará una comunicación a la Cancillería para solicitar a la autoridad requirente las pruebas y documentos que sean necesarios, por las vías que garanticen la confidencialidad de la información, para analizarlas y fijar un posicionamiento institucional.

Reiteró que emprendió las investigaciones correspondientes sobre los posibles hechos, ocurridos en territorio nacional, en términos de la legislación mexicana y “de acuerdo con el paradigma del Estado constitucional y democrático de derecho”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público el miércoles el levantamiento de los cargos.

La Cancillería de México informó ese mismo día sobre las solicitudes de Washington, refirió que en los documentos no se anexaban pruebas y remitió la información a la Fiscalía General de la República, acorde con el marco normativo vigente.

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