Aunque no se han ofrecido cifras del número de aspirantes a ocupar las altas responsabilidades del Poder Ciudadano, el coordinador de ese órgano Giuseppe Alessandrello informó en la sesión ordinaria del parlamento el pasado jueves que avanzaban de manera satisfactoria.

El diputado reiteró su llamado a que todos los interesados acudieran a la sede del Palacio Federal Legislativo a presentar su documentación, que según cronograma deberá cerrar este lunes, para luego continuar con la revisión de la lista e iniciar un nuevo proceso con el listado de seleccionados.

Los requisitos fundamentales para los aspirantes fueron divulgados a través de la prensa nacional y las redes sociales del parlamento, en concordancia con el artículo 279 de la Constitución y el 23 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano.

Para fiscal general los candidatos deberán ser venezolano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad; tener reconocimiento honorable como ciudadano; haber ejercido la abogacía por un mínimo de 15 años y tener un título de postgrado en materia jurídica.

Asimismo, haber sido profesor universitario en Ciencias Jurídicas por igual periodo anterior y no ser cónyuge ni mantener unión estable de hecho, ni vinculo de consanguinidad ni afinidad con los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente o vicepresidenta de la República o ministros.

En el caso del defensor del pueblo, se requiere ser venezolano por nacimiento y sin otra nacionalidad; ser mayor de 30 años “con manifiesta y demostrada competencia en materia de derechos humanos” y cumplir con las exigencias de honorabilidad, ética y moral que establezca la ley.

Estarán descartados las personas que tengan parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o quien tenga vínculos por matrimonio o relacionados en uniones estables de hecho con miembros del parlamento o del Comité de Evaluación de Postulaciones que intervienen en su designación.

Ambos cargos fueron puestos en convocatoria después que el 25 de febrero los máximos representantes del Ministerio Público Tarek William Saab y la defensoría Alfredo Ruiz, respectivamente, presentaron sus cartas de renuncia ante la Asamblea Nacional.

Ruiz argumentó en su misiva su “formal y voluntaria renuncia” motivado por “razones de índole personal, familiar y de salud” que deberá atenderse y podrían impedirle dedicarse a su labor con la diligencia requerida a su cargo.

Saab, en tanto, expresó su “decisión de presentar renuncia” al cargo de Fiscal General, luego de “haber cumplido con hidalguía y honor este cargo” en medio de la circunstancia histórica de excepcional desafío para el presente y futuro de Venezuela.

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