El tribunal constitucional aceptó una acción extraordinaria de protección presentada contra un fallo judicial previo que había negado un recurso de hábeas corpus a favor de los menores.

Los niños Josué, Ismael, Steven y Nehemías, afrodescendientes de entre 11 y 15 años, desaparecieron el 8 de diciembre de 2024 en el sector Las Malvinas, popular barrio en el sur de la ciudad costera de Guayaquil, y sus cuerpos aparecieron calcinados semanas después.

En su resolución, la Corte determinó que las autoridades judiciales vulneraron el derecho al debido proceso al no analizar de forma integral la detención denunciada ni responder adecuadamente a las pretensiones planteadas por los familiares.

Tras examinar el fondo del caso, el tribunal concluyó que los menores fueron privados de la libertad de forma ilegal, arbitraria e ilegítima por patrullas militares subordinadas al Ministerio de Defensa del Ecuador y a la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

Según la sentencia, el Estado no proporcionó información inmediata, satisfactoria ni convincente sobre la detención ni sobre el paradero de los niños, lo que llevó al tribunal a declarar constitucionalmente que fueron víctimas de desaparición forzada.

La Corte sostuvo que lo ocurrido constituye “una de las violaciones más graves y reprochables del orden constitucional e internacional de los derechos humanos”.

Asimismo, recordó que incluso en contextos de inseguridad o estados de excepción los derechos a la vida y a la integridad personal no pueden suspenderse.

El tribunal subrayó además que los agentes estatales deben actuar con estricto respeto a la Constitución, especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, quienes cuentan con una protección reforzada por parte del Estado.

Como parte de las medidas de reparación integral, la sentencia ordena la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpas por parte del Estado, encabezado por el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y con difusión pública nacional.

Además, la sentencia dispone medidas simbólicas como la incorporación del caso en el Museo de la Memoria, la recuperación de un espacio público destinado a niñas, niños y adolescentes en Guayaquil y la declaración de un día nacional de conmemoración en memoria de los chicos.

El tribunal precisó que estas medidas buscan garantizar el derecho a la verdad, preservar la memoria histórica y fortalecer las garantías de no repetición.

La decisión judicial de este martes no sustituye las investigaciones penales en curso, mediante las cuales 11 militares ya fueron condenados a 34 años de prisión por su participación en los hechos.

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