Cristina Murgueitio, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos( Asedim), explicó a medios locales que Colombia es el cuarto proveedor del sector sanitario ecuatoriano.

“Estamos hablando desde mascarillas, bajalenguas, equipos, reactivos, todo lo que necesitan los profesionales de la salud que ya tiene un desabastecimiento en la parte pública y que también puede comprometer el tema del abastecimiento en el sector privado”, dijo Murgueitio.

La preocupación es mayor en el caso de las dializadoras, donde cerca del la mitad de los insumos provienen de Colombia, país al cual el gobierno ecuatoriano impuso aranceles del 50 por ciento.

Aunque las empresas buscan proveedores alternativos, el cambio implica mayores costos y tiempos de entrega.

De acuerdo con un reporte del canal Teleamazonas, una compañía de ropa hospitalaria que en 2025 importó medio millón de dólares en materias primas ahora recurre al mercado chino.

Fabián Jara, gerente de Jaravitex, advirtió sobre retrasos, encarecimiento de la producción y alertó que una reducción de insumos podría afectar el empleo en el sector.

En ese contexto, la Asedim solicitó al Gobierno que, mientras se resuelven las diferencias comerciales con Bogotá, los insumos médicos queden excluidos de la denominada “tasa de seguridad”, que en la práctica es un arancel.

Por otro lado, en la frontera norte ecuatoriana transportistas han protagonizados protestas contra lo que calificaron como un “asesinato económico”, debido a que a consecuencia de los aranceles se redujo al mínimo la actividad comercial fronteriza.

Del lado colombiano se reporta este jueves una paralización del tránsito internacional tras la colocación de contenedores en la vía, lo que mantiene bloqueado el paso vehicular en la zona limítrofe.

La disputa bilateral se desató cuando en enero pasado el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, decidió aplicar una llamada “tasa de seguridad” del 30 por ciento sobre importaciones colombianas bajo el argumento de falta de reciprocidad y acciones insuficientes contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común.

Bogotá rechazó esos señalamientos, anunció un impuesto de igual porcentaje a los productos ecuatorianos y, además, impuso la demanda ante la Comunidad Andina por presunto incumplimiento del Acuerdo de Cartagena.

Luego, Quito dispuso aumentar el valor del arancel al 50 por ciento, a lo cual Colombia respondió de la misma manera, lo cual elevó las tensiones entre dos naciones vecinas con economías altamente vinculadas.

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