Durante el décimo cuarto día de la restricción de movilidad, la Policía Nacional del Ecuador informó que ejecuta operativos focalizados de alto impacto, principalmente en Guayaquil, con controles intensivos, patrullajes e intervenciones tácticas.
Según la institución, estas acciones buscan desarticular estructuras de delincuencia organizada, debilitar sus cadenas logísticas y restringir su movilidad en el territorio.
El Ministerio del Interior de Ecuador detalló que los operativos se concentran en zonas consideradas críticas donde se mantiene presencia policial reforzada.
El toque de queda rige desde el 15 de marzo entre las 23:00 y 05:00 (hora local) en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, como parte del estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa.
El Gobierno confirmó que la medida finalizará el 31 de marzo y no será extendida, aunque las operaciones contra el crimen organizado continuarán en todo el país.
“El toque de queda no se va a extender, pero sí puedo decir (…) tenemos todas las herramientas necesarias para operar”, afirmó la semana pasada el ministro del Interior, John Reimberg.
Según cifras oficiales, en total más de mil personas han sido detenidas durante la vigencia de la medida, en su mayoría por incumplir la restricción de movilidad.
En paralelo, el Ministerio de Defensa de Ecuador desplegó operaciones contra economías ilegales, incluido un operativo en la localidad fronteriza de El Chical, donde fuerzas militares ejecutaron un “bombardeo sostenido” para destruir unas 50 bocaminas vinculadas a minería ilegal.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, afirmó que la operación causó pérdidas estimadas en 110 millones de dólares a las mafias.
El periodo de toque de queda también ha estado marcado por denuncias de irregularidades, como un operativo militar no autorizado en el cantón Milagro que derivó en la muerte de una persona.
En ese contexto, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas expresó preocupación por el contexto de seguridad en Ecuador y advirtió sobre riesgos asociados a la militarización.
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