En un duro comunicado de prensa, la Cancillería española condenó tajantemente el contenido de la nueva legislación, “que está planteada en sus propios términos como discriminatoria contra la población palestina”.
Esta discriminación es de máxima gravedad al consagrar la desigualdad jurídica entre personas en una cuestión que afecta directamente al derecho fundamental a la vida, argumentó el texto.
Señaló que asimismo, amplía el número de deli-tos castigados con la pena de muerte y elimina garantías elementales del debido proceso.
Implica además el ejercicio ilegal de la jurisdicción israelí en el Territorio Ocupado perteneciente al Estado de Palestina, especialmente grave tratándose de la aplicación de la pena capital, apostilló.
“España recuerda su firme rechazo a la pena de muerte en todos los casos y circunstancias por considerarlo un castigo cruel, inhumano y degradante que no tiene fines disuasorios probados y provoca efectos irreparables en caso de error judicial”, concluyó la nota.
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