Ante la preocupación periodística, el titular del JNE, Roberto Burneo, dijo que el problema ha sido considerado por el órgano de justicia electoral que encabeza, que ha tomado medidas preventivas, como el incremento de fiscalizadores a la cifra de casi 50 mil.

Uno de los corresponsales hizo notar que la candidata neoliberal a la jefatura del Estado, Keiko Fujimori, primera en las encuestas con solo 13 por ciento, dijo en un mitin que se prepara un fraude en su contra y el postulante Rafael López Aliaga llamó a sus seguidores que estar alerta contra el supuesto manejo indebido.

Con su calma usual, Burneo respondió que el JNE, además de reforzar la fiscalización de los comicios del 12 de abril, desarrolla campañas de divulgación para fortalecer la transparencia y garantizar la defensa del voto ciudadano, lo que debe neutralizar la narrativa del supuesto fraude.

Las preocupaciones se deben a lo sucedido en los comicios de 2021, cuando el maestro rural Pedro Castillo ganó ajustadamente el balotaje por la presidencia a Keiko Fujimori y ella, su partido y el de López-Aliaga, entre otras fuerzas derechistas y agrupaciones de militares de derecha extrema, alegaron fraude y exigieron anular la elección.

El JNE verificó las actas de la votación y ratificó la validez del resultado, tras el cual, la oposición, que logró mayoría en el Parlamento, nombró una comisión investigadora de la elección, que en su informe final reconoció que no encontró pruebas de fraude.

Esa mayoría congresional alegó que el fraude podría haberse demostrado con una revisión de los votos que normalmente se destruían tras aprobarse cada acta de sufragio; por lo cual el Legislativo estableció que las papeletas de votación en adelante se conserven.

La JNE acató esa norma y Burneo dijo que las papeletas de votación de 27 millones de electores serán conservadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la cual organiza y realiza los comicios y habrá un plazo de 90 días para dilucidar los reclamos, y después las boletas serán destruidas.

De otro lado, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, declinó responder al ataque del candidato López-Aliaga, quien cuestionó su confiabilidad y le lanzó amenazas, ante lo cual Corvetto solo dijo que “a mí no me intimida ninguna amenaza” y seguirá cumpliendo el deber de hacer que las elecciones sean limpias, transparentes, tranquilas y seguras.

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