La justicia consideró insuficientes los elementos presentados por la Fiscalía para sustentar los delitos investigados como parte del denominado caso Goleada.

En la diligencia de este jueves, los jueces dispusieron medidas sustitutivas, como la presentación periódica ante la justicia y la prohibición de salida del país para Álvarez, sus dos hermanos y otros dos procesados.

El tribunal concluyó que los indicios expuestos inicialmente no permiten establecer la existencia del delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, cargos por los que se abrió el proceso.

El fallo señala que la hipótesis planteada por la Fiscalía podría corresponder a un eventual delito de lavado de activos vinculado a actividades como el almacenamiento ilegal de combustibles, y no a una estructura de crimen organizado como se formuló en un inicio.

Pese a la revocatoria, Álvarez no podrá salir en libertad, ya que enfrenta otras dos órdenes de prisión preventiva en causas distintas, entre ellas el llamado caso Triple A, por lo que permanece recluido desde marzo en una cárcel de máxima seguridad en la provincia de Santa Elena.

En cambio, sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez, junto con los otros procesados, recuperaron la libertad tras la decisión judicial y deberán continuar su defensa bajo las nuevas medidas cautelares.

Poco después de la decisión, la Fiscalía allanó las oficinas del Municipio de Guayaquil, la ciudad más poblada del país, debido a una investigación por el presunto delito de falsificación.

El Ministerio Público y la Policía ingresaron a varias oficinas, incluida la que usaba Álvarez antes de que fuera detenido el pasado 10 de febrero.

Tras la intervención decenas de ciudadanos y colaboradores se concentraron en la Plaza de la Administración y algunos como la concejala Emily Vera se refirió a la posible intencionalidad política del allanamiento pocas horas después del fallo del caso Goleada.

Por su parte, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, de la Revolución Ciudadana, partido que auspició al alcalde guayaquileño, exigió su libertad y también la del exvicepresidente Jorge Glas.

“No se puede perseguir y acallar las voces disidentes con este Gobierno”, remarcó Pabón.

Álvarez enfrenta, además del caso Goleada, el denominado como Triple A, en el que se lo acusa, junto a otras 21 personas y empresas, de una presunta comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos.

La tercera orden de prisión preventiva fue dictada por una causa en la que se investiga la supuesta manipulación del grillete electrónico que se le había impuesto.

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