La iniciativa debía ser entregada este martes para comenzar su trámite legislativo, pero ante la oposición de varios sectores, incluso algunos afines al Ejecutivo, la administración de José Antonio Kast decidió estudiarla más a fondo y hacer algunos ajustes.

El plan contiene más de 40 medidas vinculadas con cambios del régimen tributario, reducción del gasto público, seguridad, agilización de trámites de inversión, educación, salud y otros y está vinculado con la llamada “Reconstrucción nacional” que centró la campaña electoral de Kast.

De hecho, la gran amplitud de los temas contenidos en un solo cuerpo legal es una de las principales causas de suspicacia entre los legisladores de la oposición, que proponen fraccionar el texto para discutir más a fondo cada aspecto.

La senadora Paulina Vodanovic, del Partido Socialista, advirtió que un debate apurado podría afectar la calidad del análisis en el Parlamento, porque temas relevantes quedarían relegados por otros que necesitan debates más profundos.

Entre los puntos más controvertidos figura la reducción del Impuesto Corporativo a las grandes empresas, que disminuiría del 27 al 23 por ciento, causando una merma importante de los ingresos tributarios al Estado de entre 700 y mil 200 millones de dólares al año.

La justificación de este beneficio a los sectores más ricos del país es que con ello aumentará la inversión, pero especialistas señalan que esto casi nunca sucede así.

Al mismo tiempo, con el pretexto de practicar la austeridad, La Moneda se dispone a reducir la gratuidad universitaria y recortar en tres puntos porcentuales el presupuesto de varios ministerios, lo cual afectará la calidad de servicios indispensables, como salud y educación.

También genera suspicacia la intención de modificar el régimen previsional establecido por la administración anterior.

En la megareforma de Kast se establece que el siete por ciento de aporte adicional de las empresas para la seguridad social vaya directamente a las cuentas personales de los trabajadores, las cuales son manejadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Significa esto una inyección financiera gratuita a esas corporaciones que lucran con este dinero y pagan jubilaciones de miseria a las personas.

El controvertido proyecto posiblemente ingresará la semana próxima al Congreso, mientras desde el Gobierno se hacen llamados a incrementar en estos días el diálogo con diferentes bancadas legislativas para disminuir la oposición al texto.

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