Tras recorrer las instalaciones del puerto de Balboa ( Pacífico) en esta capital, luego que Panama Ports Company (PPC), del conglomerado CK Hutchinson, con base en Hong Kong, perdiera la concesión de enclave, además del de Cristóbal, en Colón ( Atlántico), el mandatario indicó que su Gobierno investiga ese proceso de los buques detenidos.

En su habitual conferencia de prensa semanal, este vez desde el puerto de Balboa, Mulino aseveró sin embargo que esa situación «no tiene que ver con retaliaciones políticas», sino que «a lo mejor, ellos quieren intensificar la revisión de los buques desde el punto de vista de seguridad marítima».

Reconoció que se trata de una situación «inusual» y que, para conocer el fundamento de las detenciones, el director de Marina Mercante, Ramón Franco, se encuentra en Japón y a su regreso al país, se podrá conocer a profundidad la situación de los buques.

El mandatario indicó que se trata de un proceso que no solo se realiza en puertos de China, y que busca garantizar que los buques cumplan con toda la normativa de seguridad marítima internacional.

«Estuve viendo cifras de los otros registros competidores y no están muy debajo de las nuestras», agregó al referirse a otras regiones que están en situaciones similares.

El jefe de Estado reafirmó que Panamá no busca confrontaciones internacionales, especialmente con China, pero advirtió que no permitirá que situaciones como estas se prolonguen indefinidamente.

En ese sentido, enfatizó que el impacto de estas medidas trasciende al país y afecta el comercio global, considerando que gran parte de la carga marítima proviene del gigante asiático.

Tampoco vamos a permitir que estas cosas sigan a lo infinito porque, más que el nombre de Panamá, está en juego la carga mundial, que obviamente sale de China en grandes proporciones hacia el resto del mundo.

Precisó además que, hasta donde tiene conocimiento, los buques retenidos no son propiedad de alguna empresa panameña, ya que todas son empresas de ranking mundial.

Además, expresó su expectativa de que la situación tienda a disminuir y retome la normalidad, tanto en el plano político como comercial.

Indicó que su administración ha transmitido su preocupación a través de canales diplomáticos, aunque evitó adelantar acciones concretas.

Asimismo, manifestó confianza en que Panamá obtendrá un resultado favorable en los tribunales arbitrales de Nueva York, donde se ventila parte del conflicto.

En respuesta a otras preguntas de los medios, Mulino defendió la decisión adoptada el pasado 29 de enero por el Ejecutivo tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato con PPC, asegurando que el país ha actuado con apego a la Constitución y sin alinearse a intereses externos.

También explicó que, durante la operación transitoria que sostendrá los puertos durante 18 meses, se permitirá estructurar un pliego de condiciones para garantizar una futura concesión bajo nuevos términos.

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