La subcoordinadora de Libre, Rixi Moncada, se pronunció en esos términos tras la decisión del presidente del Congreso Nacional (Parlamento), Tomás Zambrano, de castigar a varios diputados de la agrupación progresista por protestar desde sus curules durante una sesión legislativa.

Zambrano, del oficialista Partido Nacional (PN), hizo efectiva la víspera una sanción económica sin precedentes contra 15 parlamentarios de la ahora formación opositora, que gobernó Honduras de 2022 a enero de 2026 bajo la conducción de la entonces mandataria Xiomara Castro.

La medida, que consiste en la deducción de 15 días de salario, fue aplicada luego de que los legisladores protagonizaran una “alteración grave del orden” durante la sesión en la que se presentó la denuncia formal de juicio político contra funcionarios electorales afines a Libre.

A través de su cuenta en la red social X, Moncada afirmó que la bancada de su partido, “agredida por Tomás Zambrano por defender la democracia, no se arrodilla”, sino que se mantiene de pie con la dignidad del pueblo, enfatizó.

“No hay salario ni precio que compre el derecho a protestar ante el atropello y la usurpación de la voluntad popular”, subrayó la también excandidata presidencial de Libre en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Acusó al PN y al también conservador Partido Liberal, las dos fuerzas tradicionales de este país centroamericano, de pretender silenciar la voz de su instituto político en el Congreso, con el objetivo de imponer “su corrupción e impunidad”.

“La democracia es para el pueblo, no es la ley de la venganza y el odio contra Libre”, denunció Moncada en alusión a los juicios políticos promovidos en el Legislativo por el llamado bipartidismo contra magistrados electorales cercanos a la otrora organización gobernante.

Pese a la deducción de sus sueldos, la bancada de Libre, integrada por 35 diputados (de un total de 128), aseguró que no se dejará intimidar por la derecha y prometió continuar con las medidas de insurrección legislativa cada vez que considere se violentan los intereses del pueblo hondureño.

El grupo parlamentario advirtió que la libertad de expresión y la manifestación pacífica son derechos constitucionales que no pueden ser negociados ni castigados.

Diversos legisladores recordaron que en el pasado reciente el bipartidismo realizó protestas dentro del hemiciclo, en las cuales se destruyeron mesas y micrófonos, sin que a quienes protagonizaron esos altercados se les quitara el derecho a manifestarse ni se les descontara salario.

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