La iniciativa gubernamental busca trasladar esa facultad, que actualmente corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), a la Asamblea Nacional (Parlamento) y para eso es necesario una votación popular.
La Corte constató que el Ejecutivo corrigió un error de forma previo respecto al artículo 207 de la Constitución de la República, relativo a las funciones del Cpccs.
En Ecuador, esa entidad es una de las cinco funciones o poderes del Estado y fue creada a raíz de la aprobación de la Constitución de 2008 con la facultad de designar autoridades clave.
El Gobierno busca que la ciudadanía decida si el Legislativo debe designar funcionarios como procurador general, fiscal, contralor, superintendentes, miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y otras autoridades.
De esa forma, el presidente Noboa queda facultado para emitir el decreto ejecutivo que convoque oficialmente al referéndum, que podría coincidir con las elecciones seccionales, adelantadas para el 29 de noviembre.
La anticipación de esos comicios, bajo el argumento de la probabilidad de intensas lluvias debido al fenómeno de El Niño, provocó cuestionamientos de organizaciones políticas y demandas legales para revertir esa decisión del CNE.
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