La marcha que terminó con una concentración frente al Ministerio de Salud denunció el ajuste del ejecutivo libertario y la falta de insumos básicos, así como la falta de una actualización de pagos a los profesionales del sector. A su vez, sirvió para exigir la total aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Profesionales, familiares y pacientes de instituciones que atienden a personas con discapacidad volvieron a movilizarse este miércoles en distintas ciudades del país para reclamarle al gobierno nacional que aplique de una vez la legislación de emergencia sancionada por el Congreso el año pasado y ratificada en varias instancias por el Poder Judicial.

También que respete y cumpla con el Programa Incluir Salud, al tiempo que repudiaron el proyecto de ley anunciado por las autoridades nacionales con la que la Casa Rosada busca eliminar prestaciones y coberturas, y demandaron que lo retire del palacio legislativo adonde lo envió el lunes último.

Un grupo de manifestantes se congregó frente al Congreso de la Nación donde ya estaban concentrándose jubilados para su Marcha de la Dignidad de cada miércoles, y desde allí partieron hacia el Ministerio de Salud.

Entre muchas pancartas en la marcha una exigía: “Basta de crueldad. Ni un derecho menos”, y otra denunciaba: “Por cada prestación que no se paga, hay un derecho que se vulnera”.

El pretexto del gobierno para no cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad es que existe un “sistema fraudulento” de otorgamiento de pensiones, sobre lo cual no ha presentado pruebas fehacientes.

Asimismo, los manifestantes instaron a los legisladores de la oposición a reafirmar su compromiso con el colectivo de personas con discapacidad y rechacen el proyecto de ley que el ejecutivo presentó en el Congreso.

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