En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores refirió que tales peticiones llegaron ayer, a las 18:00 hora local.

De acuerdo con el marco normativo vigente bajo la Ley de Extradición Internacional, agregó, se “ha turnado la información recibida a la Fiscalía General de la República para que se evalúen dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana”.

Mencionó que los documentos recibidos por parte de la Embajada de Washington, según la revisión jurídica de la Cancillería, “no cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”.

Sin embargo, añadió, “como debe procederse en estos casos, será la Fiscalía General de la República quien determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición”.

La institución apuntó que, en los tratados vigentes, “hay provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información”, por lo cual “se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer”.

Medios de prensa publicaron este miércoles que el ⁠Departamento de ⁠Justicia estadounidense presentó cargos contra el gobernador ⁠del norteño estado de Sinaloa, Rubén ⁠Rocha, y otros funcionarios y exfuncionarios, por una supuesta vinculación con el Cártel de Sinaloa.

A través de un mensaje en la red social X, Rocha rechazó “categórica y absolutamente” las imputaciones formuladas en su contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, pues “carecen de veracidad y fundamento alguno”.

El lunes la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la lucha contra la corrupción en México le corresponde a su Gobierno y a otras instancias del país, y subrayó que cualquier investigación contra alguna persona debe incluir evidencias.

La mandataria respondió así a una pregunta sobre un artículo del diario estadounidense Los Angeles Times, el cual afirmó que recientes palabras del embajador de Washington aquí, Ronald Johnson, se relacionan con una campaña del país vecino contra funcionarios presuntamente corruptos en México.

Sheinbaum aseveró, asimismo, que concierne a Estados Unidos el combate a ese flagelo con respecto a funcionarios estadounidenses, pues la problemática no resulta exclusiva de esta nación latinoamericana.

“El tener gobiernos honestos, el que no haya corrupción en los gobiernos, pues es algo que le corresponde a cada Estado. Ahora, si hay una investigación de alguna fiscalía a algún servidor público en México, lo que tiene que haber es pruebas claras y evidencias claras”, enfatizó.

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