De acuerdo con el Legislativo una de las modificaciones pretende “despartidizar” la elección de los magistrados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y estableció que tres magistrados, de los cinco, saldrán de las candidaturas presentadas en un «proceso general y público» realizado por una comisión de la Asamblea, los dos restantes serán propuestos por la Corte Suprema de Justicia.

Una de las críticas a esta reforma es que la elección de los jueces del TSE quedaría en manos de quien tuviera mayoría en la AL como ocurre actualmente con el partido Nuevas Ideas (afín al Gobierno) que tiene una mayoría de 56 diputados de 60.

Ante los reproches a esa modificación, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, aseguró que «es un principio de igualdad» al ser equiparado con las formas de seleccionar al fiscal general de la República, procurador general de la República, presidente y magistrados de la Corte de Cuentas.

La segunda reforma aprobada por la Asamblea permitirá crear una circunscripción electoral para los salvadoreños residentes en el extranjero basada en el Registro Electoral, una iniciativa propuesta por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Al respecto la organización Acción Ciudadana alertó que pese a la importancia de la representación política de la diáspora, no debe ser a costa de restar poder al voto emitido en el territorio nacional lo cual ocurrirá si se mantiene el número actual de diputados.

En otro orden, durante la celebración del 1ro de mayo organizaciones sociales y sindicales reclamaron el respeto a sus derechos, denunciaron el despido de más 47 mil trabajadores, la precariedad laboral, restricciones al espacio cívico, así como el derecho a la sindicalización y a no criminalizar los reclamos de estas asociaciones.

Instaron a un diálogo social efectivo, inclusivo y respetuoso como mecanismo para la resolución de conflictos laborales y la construcción de políticas públicas que respondan a las necesidades de los empleados.

Otras demandas refirieron que la figura Alianzas públicas y privadas pretende favorecer a las grandes empresas y convertir los derechos en mercancías sobre todo en aspectos como salud, educación y agua.

En paralelo, se realizó otra concentración liderada por el ministro de Trabajo, Rolando Castro, y por la Unidad Sindical Salvadoreña.

Ante los reunidos Castro anunció que desde el Ministerio de Trabajo emitirán resoluciones ordenando la reinstalación de dirigentes despedidos solo por una causa eminentemente política, y donde se haya violentado el debido proceso, precisamente una de las demandas más escuchadas durante la jornada del 1ro de mayo.

Sobre el asunto, el representante de la Unidad Sindical Salvadoreña, Edwin Ortez, conminó a replantear la relación entre el Estado y las organizaciones sindicales, pues “no puede continuar una dinámica que desconozca el valor histórico y social del sindicalismo”.

Ortez aseguró que Bukele no mantiene una postura contraria al movimiento sindical, pero en cambio dentro del Gobierno existen funcionarios que ejecutan prácticas “abiertamente antisindicales”, incluyendo despidos sin justificación.

Datos del Movimiento de Trabajadores Despedidos refieren que entre 2019 e inicios de 2026, 47 mil 124 empleados públicos fueron despedidos.

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