«En una democracia, la protesta es un derecho legítimo; pero nunca puede derivar en actos de intimidación, hostigamiento o amenaza, y menos aún cuando se pone en riesgo a las personas y sus familias, dijo el titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo.

Se refirió así a la reciente marcha de adeptos del candidato derechista extremo Rafael López Aliaga que asediaron exaltados la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la vivienda de Burneo lanzando amenazas de muerte e insultos.

Exigían que se atiendan los reclamos de López Aliaga, del partido Renovación Popular (RP), de nuevas elecciones complementarias y de una auditoría extranjera a los sistemas informáticos.

El candidato de RP está a punto de quedar fuera del balotaje del 7 de junio, entre la postulante más votada en los comicios del 12 de abril, que disputarán la neoliberal Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (FP), y el segundo, posición que disputan el progresista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JPP), cuando falta muy poco para el fin del escrutinio.

Burneo afirmó aunque no cederá a presiones y continuará ejerciendo el cargo con firmeza y con apego a la ley.

En el contexto de las presiones y la narrativa de fraude que sostiene López Aliaga, el JNE anunció por otra parte en un comunicado un proceso de evaluación y auditoría técnica del proceso electoral con participación del Comité Académico de Expertos en la materia.

El documento agrega que participarán además representantes de la academia y de la sociedad civil para “garantizar una revisión independiente, rigurosa y plenamente transparente”.

Ratifica el descarte de las elecciones complementarias que ha reclamado López Aliaga, por ser inviables y confirma la realización del balotaje del 7 de junio próximo.

Según el comunicado, en esa instancia habrá “mecanismos adicionales para asegurar un proceso más ordenado, transparente y previsible”, alusión tácita a graves fallas logísticas de la primera vuelta que dan pie a las alegaciones de fraude carentes de pruebas.

De otro lado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió un extenso comunicado sobre el sistema de cómputo de votos, que, ante los cuestionamientos por los problemas del 12 de abril, afirma que sus sistemas fueron auditados por la empresa M&T International durante 168 días, desde el 13 de noviembre de 2025.

Señala que las críticas se originan en el desconocimiento del funcionamiento del sistema y, por otro lado, en el descontento por los problemas logísticos del 12 de abril.

Al respecto, la ONPE informa que invitó a las 36 organizaciones políticas en competencia a una reunión fijada para el 25 de marzo para explicar los sistemas utilizados por la ONPE, y entre las pocas que asistieron y no estuvo el partido de López Aliaga.

edu/mrs