A solicitud de varios diputados, el pleno entró en receso hasta el próximo lunes, cuando en sesiones extraordinarias la Comisión de Economía inicie el primer debate de la iniciativa, que ya ha generado diversas reacciones.

A nombre de la coalición Vamos, el independiente Luis Duke señaló que aún no existe una postura colectiva sobre el proyecto, por lo que esperarán el avance del debate para analizar la propuesta y fijar una posición.

Indicó, además, que todo proyecto de ley que se presente debe tener un claro fin que se traduzca en beneficios para los panameños.

Para Duke no están claros los beneficios que la iniciativa traerá a corto, mediano y largo plazo para el panameño. Tampoco quién garantiza que, con su aprobación, el país saldrá de la lista negra de la UE.

Por su parte, la presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Maritza Cedeño, subrayó que varias de las recomendaciones planteadas por el gremio fueron incorporadas en la propuesta, entre ellas la definición de “sustancia económica” y de “multinacional”, así como precisiones sobre quiénes deben aplicar la normativa.

Agregó que el Colegio mantiene reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)para consensuar modificaciones puntuales que serán presentadas ante los diputados.

Sobre el tema de transparencia, Cedeño recordó que desde 2020 Panamá cuenta con un registro de beneficiarios finales administrado por la Superintendencia de Sujetos No Financieros, aplicable a todas las sociedades anónimas, nacionales y extranjeras.

La norma a debate busca cumplir con estándares internacionales frente a la UE, en particular en la lista de países no cooperadores a efectos fiscales, en la que Panamá se ha mantenido desde 2021.

El proyecto modifica y adiciona artículos al Código Fiscal en materia de impuesto sobre la renta, asi como requisitos de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera y dicta otras disposiciones.

Establece que las entidades de grupos multinacionales deberán acreditar sustancia económica en el país para que sus rentas pasivas de fuente extranjera mantengan el tratamiento fiscal vigente.

Incluso aquellas compañías acogidas a regímenes fiscales preferenciales que no estén obligadas a presentar una declaración de sustancia económica deberán demostrar su condición de “entidad calificada” ante el MEF.

La propuesta refuerza el principio de territorialidad y busca desincentivar el uso de estructuras sin sustancia, es decir, esquemas corporativos que no generan operaciones ni valor económico real en el territorio nacional.

Para el titular del MEF, Felipe Chapman, la permanencia del istmo en esos listados de la UE conlleva riesgos crecientes para la reputación como nación, restricciones a los flujos de inversión y obstáculos para la generación de empleo.

El objetivo, dijo, es que la ley permita mejorar la imagen internacional de Panamá y atraer inversión con presencia económica tangible, generación de empleo y valor agregado.

De su parte, sectores económicos observan con cautela cualquier modificación al modelo tributario panameño, mientras el Ejecutivo insiste en que el país necesita alinearse con estándares internacionales para evitar mayores sanciones y aislamiento financiero.

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