El grupo guerrillero, específicamente el Frente de Guerra Oriental, mantiene en su poder desde julio del año pasado a Frankie Hoyos y Jordi Pérez, integrantes de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía, así como desde hace 12 meses a los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía Jesús Pacheco y Rodrigo López.

Durante la víspera, el ELN divulgó que se abstuvo de aplicar la “pena capital” a estos dos últimos individuos, pero que en cambio les impondría “prisión revolucionaria”, por lo cual Pacheco deberá permanecer bajo el poder de esta guerrilla durante 60 meses, mientras que López cumplirá 55 meses en la misma condición.

A los hombres, de acuerdo con la guerrilla, se les imputan los presuntos cargos de espionaje y de pertenecer a organismos estatales que, según alegan, estarían involucrados en la comisión de supuestos crímenes de lesa humanidad.

También trascendió que Hoyos deberá estar en poder de esta guerrilla 36 meses, mientras que Pérez estaría 32 meses.

El ELN comunicó que el tiempo que llevan bajo privación de libertad será parte de la pena impuesta y que se podría aplicar un canje humanitario con integrantes de sus propias filas encarcelados.

El ministro de Justicia, Jorge Cuervo, descartó la posibilidad de esa última alternativa.

“Un canje implicaría reconocer legitimidad a un grupo armado ilegal, lo cual no está permitido ni por el derecho internacional ni por la legislación colombiana”, declaró a Caracol Radio, en tanto insistió que lo procedente en este caso es dejar en libertad a los policías y a los funcionarios.

Consideró el titular que no existe tal “juicio revolucionario”, sino “una toma de rehenes, tipificada en el Código Penal y prohibida por los protocolos de Ginebra”.

La Fiscalía por su parte, divulgó un comunicado en el que demanda que “los servidores judiciales y los agentes, secuestrados por el denominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Arauca el año pasado, sean liberados sin condicionamiento alguno como muestra de voluntad de paz por parte de esa organización ilegal armada”.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, se sumó a ese llamado y exigió el cese de los “juicios revolucionarios”.

“La libertad es el verdadero gesto de paz”, escribió en su cuenta de la red social X.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó de manera categórica el anuncio del ELN de someter a un supuesto “juicio” a dos uniformados y a dos funcionarios.

El titular remarcó que el secuestro es un crimen grave que puede acarrear penas de hasta 40 años de prisión para sus responsables y exigió la liberación inmediata, y con vida, de los cuatro secuestrados.

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