El mandatario de RDC, quien compareció la víspera ante los medios a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo), abordó temas complejos, como su posible reelección a un tercer mandato y la reforma constitucional.

Este asunto es objeto de debate en la Asamblea Nacional e incluso la plataforma política Unión Sagrada de la Nación (USN), que soporta a Tshisekedi, lanzó una convocatoria el pasado 20 de abril para recoger opiniones sobre los posibles cambios en la Carta Magna.

La USN invitó a actores políticos, la sociedad civil y la ciudadanía a contribuir con sus propuestas sobre el tema antes del 20 de mayo de 2026, mientras la oposición acusa al mandatario de querer cambiar la ley de leyes para perpetuarse en el poder.

En la conferencia de prensa el presidente sostuvo que, si el pueblo quiere que tenga un tercer mandato, lo aceptará; sin embargo, una cuestión que no pasó desapercibida fue su mención al hecho de que la reforma constitucional es necesaria de cualquier manera para poder satisfacer las reformas al sector judicial exigidas por el acuerdo de colaboración firmado con Estados Unidos.

“Desde que asumí la presidencia de este país he sido consciente de los obstáculos existentes. Hablamos de la colaboración con Estados Unidos, en la que los estadounidenses han exigido ciertas reformas al sistema judicial. Estas reformas no pueden implementarse sin reformar la Constitución”, explicó el mandatario.

Ambos países suscribieron un acuerdo de asociación estratégica en diciembre del 2025, el cual fue ratificado el mes pasado por la Asamblea Nacional.

En virtud de ese instrumento, se espera una mayor inversión privada estadounidense en los sectores minero-energético de la RDC, el desarrollo de la infraestructura necesaria, y la diversificación económica, en particular el procesamiento y la refinación locales.

No obstante, antes de que ello rinda frutos, hay mucho que ajustar, no sólo la Constitución.

Como parte del convenio, el 27 de abril la Inspección General de Minas (IGM) de la RDC anunció la creación de una Guardia Minera para garantizar la seguridad de las explotaciones de minerales y su transporte hasta las plantas de procesamiento y los pasos fronterizos.

El cuerpo de seguridad se desplegará en 22 provincias del país y se financiará con 100 millones de dólares estadounidenses mediante alianzas con Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos.

Se trata de un primer paso de la nación norteña para cuidar sus intereses, justo en un país donde los grupos armados constituyen un serio problema y la aparición de una nueva fuerza genera más dudas que esperanzas.

No es, sin embargo, el único tema donde los congoleños sienten que la relación con Estados Unidos está yendo demasiado lejos.

La controversia se desató también tras el acuerdo entre Washington y Kinshasa para recibir en RDC migrantes de terceros países rechazados en Estados Unidos, con un primer grupo de 15 personas ya en suelo congoleño.

El Gobierno de RDC aseguró en su momento que sería de manera temporal y que no acarrearía gastos al tesoro nacional, mas el presidente Tshisekedi comentó en la conferencia de prensa que son personas que “se encuentran en el país legalmente porque tienen visas válidas, que pueden renovarse si es necesario”.

“Inicialmente, soñaban con llegar y vivir el sueño americano, y ahora viven el sueño congoleño”, añadió y en otro momento mencionó que les han ofrecido un refugio, lo cual generó incertidumbre sobre la supuesta temporalidad en un país que tiene casi siete millones de desplazados internos con dificultades en el acceso a alimentos, salud, agua y otras cuestiones esenciales.

Significó que se trata de un acuerdo entre “socios” y agregó que los estadounidenses “pidieron el favor” de recibir a personas que habían solicitado asilo en Estados Unidos, pero cuyas solicitudes fueron rechazadas. “Aceptamos amistosamente, sencillamente, porque eso era lo que los estadounidenses querían”, dijo.

Afirmó que no existe un acuerdo financiero y mencionó las condiciones establecidas para la recepción: que no fueran personas peligrosas o ciudadanos indeseables; y que no vinieran como presos, además de que la RDC no financiará su eventual retorno a su país de origen.

La RDC ha celebrado el apoyo de Estados Unidos a su proceso de paz y las sanciones a quienes Kinshasa considera enemigos, no obstante, no pocos se cuestionan el precio de esa ayuda y los recientes pasos reafirman esa inquietud.

ro/kmg