Esa acción era parte de las exigencias de sectores campesinos e indígenas de dejar sin efecto la normativa aprobada en las dos cámaras legislativas y promulgada por el presidente, Rodrigo Paz, en tiempo récord.

La 1720 establece la conversión de la pequeña propiedad de tierras productivas en mediana y su posible hipoteca, por lo cual sus críticos consideran que solo beneficia a la oligarquía del negocio agroindustrial, y advierten que constituye una puerta abierta al latifundio.

La propuesta de abrogación en la cámara legislativa no logró los dos tercios requeridos para alterar la agenda, por lo que el debate quedó suspendido y el proyecto no ingresó a consideración del pleno.

Durante la sesión, la vicepresidenta de Diputados, Daniela Cabrera, explicó que la única vía para tratar la iniciativa era modificar previamente el orden del día.

Tras la votación, sin embargo, la solicitud quedó rechazada por falta de respaldo suficiente entre los legisladores presentes.

El proyecto fue promovido por la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Helen Patiño, quien previamente informó que la Comisión Amazónica y de Tierras aprobó por mayoría la propuesta de abrogación de la Ley 1720.

Indicó Patiño que, pese a observaciones planteadas por dos parlamentarios antes de la votación, el documento fue validado en comisión y remitido posteriormente al pleno, conforme al procedimiento legislativo.

La normativa promulgada el 10 de abril por el presidente ante los grandes hacendados del agronegocio, autoriza la conversión de pequeñas propiedades tituladas en medianas con la posibilidad de su hipoteca y embargo, lo cual viola la Constitución, según la diputada Claudia Herbas.

Sin embargo, organizaciones campesinas, indígenas y sectores populares criticaron esa normativa al considerar que abre la puerta a procesos de concentración de tierras.

La demanda de abrogación fue incluida incluso en los acuerdos alcanzados el miércoles entre el Gobierno y una facción de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), repudiada por cientos de marchistas campesinos e indígenas de los departamentos de Beni y Pando.

Tras 30 días de marcha en que recorrieron 100 kilómetros, los campesinos e indígenas movilizados permanecen en vigilia en La Paz, y advierten que no se retirarán hasta que no se derogue la 1720.

En el lado contrario, la oligarquía agroindustrial de Santa Cruz advirtió que retirará su apoyo al Gobierno si esa ley es derogada.

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