El pronunciamiento exhorta «al Gobierno de los Estados Unidos a cumplir con el Derecho Internacional y a establecer un diálogo respetuoso en condiciones de igualdad con el Gobierno de Cuba».

También reivindica «los principios de no intervención y libre determinación de los pueblos».

Rechaza «el bloqueo inhumano y todo tipo de embargo económico, tal como lo ha expresado sostenidamente y durante más de 30 años la Asamblea General de la Organización de Nacionales Unidas, con el voto de Uruguay”.

El texto sostiene que el bloqueo ejercido por Washington “socava categóricamente las posibilidades de desarrollo y bienestar del pueblo de la República de Cuba».

Refiere las declaraciones del presidente Donald Trump de que “Estados Unidos tomará el control de Cuba casi de inmediato” y que enviará un portaaviones a las costas cubanas “como medida de presión para forzar la caída del Gobierno de ese país”.

Toma en cuenta que “el bloqueo que es extraordinariamente abarcador, abusivo y extraterritorial”, recrudecido especialmente durante la etapa de pandemia con la implementación de 243 medidas coercitivas unilaterales adicionales.

Tales disposiciones impiden a la isla realizar transacciones financieras e incluyen sanciones a empresas cubanas, persecución de petroleras, aseguradoras, navieras e, incluso, tripulaciones que transportaran gas licuado o petróleo a la Isla, dice.

Acota que como mecanismo de asfixia EEUU incluyó a la nación caribeña en la lista de “países patrocinadores del terrorismo” a lo que se suman sendas órdenes ejecutivas que categorizan a Cuba como una «amenaza a la seguridad nacional» de Estados Unidos”.

Con ello, subraya, Washington impone sanciones que profundizan la crisis de suministros básicos obligando a la sociedad cubana a subsistir en condiciones extremas.

La declaración fue aprobada con los votos de los ediles del Frente Amplio.

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