Durante una ceremonia en el Palacio de Planalto, el mandatario firmó el decreto que instituye el programa Brasil contra el Crimen Organizado, dirigido a fortalecer la articulación entre el Gobierno federal, los estados y los municipios para combatir organizaciones delictivas, milicias privadas y grupos paramilitares.
“El acto de hoy es una señal para decirle al crimen organizado que ellos, en poco tiempo, no serán más dueños de ningún territorio. El territorio será devuelto al pueblo brasileño de cada ciudad y de cada estado”, declaró el mandatario.
Además, el gobernante sostuvo que el programa permitirá enfrentar el crimen “desde la esquina hasta el piso más alto del edificio más alto del país” y subrayó que muchas veces los responsables no son “el pobre, el negro o el desempleado”, sino personas de alto poder económico.
“Muchas veces, el responsable está arriba, de traje, tomando whisky y burlándose de nosotros. Llegaremos a él un día”, afirmó.
La iniciativa está estructurada en cuatro ejes: asfixia financiera del crimen organizado, promoción de seguridad máxima en el sistema penitenciario, ampliación de la capacidad de esclarecimiento de homicidios y combate al tráfico de armas, municiones y explosivos.
Según el Gobierno, el objetivo es combinar capacidad coercitiva e instrumentos de investigación para alcanzar no solo a los ejecutores armados, sino también a las estructuras económicas y de mando de las facciones criminales.
Por su parte, el vicepresidente Geraldo Alckmin destacó que el programa enfrenta “las cuatro cuestiones más relevantes” vinculadas a la criminalidad organizada y remarcó la necesidad de controlar las armas de fuego.
“Mientras más dejemos las armas en manos de la policía, mejor será la seguridad”, señaló.
El programa prevé recursos directos por mil 60 millones de reales (unos 215 millones de dólares) para 2026, distribuidos entre los cuatro ejes, además de una línea de crédito de 10 mil millones de reales (dos mil millones de dólares) para seguridad pública.
De acuerdo con las informaciones sobre el tema, ese financiamiento permitirá a estados y municipios adquirir equipamientos especializados, entre ellos drones, cámaras corporales, sistemas de videovigilancia, bloqueadores de señal y tecnología pericial.
Entre las acciones previstas figura también la creación del Centro Nacional de Inteligencia Penal, operaciones integradas contra el tráfico de armas y drogas y el fortalecimiento de sistemas de rastreo balístico y genético.
Durante el acto, Lula reiteró además que creará un Ministerio de Seguridad Pública una vez que el Senado apruebe la Propuesta de Enmienda Constitucional que aborda el tema.
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