Citado por agencia Brasil, el estudio alerta sobre abusos, miedo cotidiano y violaciones sistemáticas de derechos humanos, en medio de la desaprobación a las prácticas de los uniformados bajo el modelo actual.

La pesquisa, realizada del 13 al 31 de enero pasado por seis organizaciones de la sociedad civi, entrevistó a cuatro mil 80 personas en los complejos de Alemão, Penha y Maré, en la zona norte, y Rocinha, en el lado sur carioca.

El 73 por ciento de los entrevistados manifestó desacuerdo con el modelo actual de intervención policial, mientras apenas una cuarta parte manifestó respaldarlo.

Incluso entre quienes apoyan la presencia policial en las favelas, solo una minoría defiende la forma en que hoy se ejecutan esos operativos, mostraron los resultados del sondeo.

Como acciones repudiables se incluyen invasiones de viviendas, destrucción de bienes, restricciones de movilidad y recurrentes tiroteos con balas perdidas.

Estar de acuerdo con los operativos no significa aceptar la violencia, subrayó la investigación, que citó también a casi tres de cada cuatro entrevistados contrarios a los excesos cometidos por agentes de seguridad.

La restricción de la libertad de movimiento apareció como el principal impacto negativo, y muchos residentes en dichos lugares puntualizaron que durante las acciones de la policía no consiguen salir para trabajar, estudiar o acudir a servicios básicos.

Por ejemplo, en Maré, donde viven unas 140 mil personas, escuelas municipales llegan a permanecer cerradas durante semanas debido a la violencia armada, expuso el informe.

También advirtió sobre la normalización de este tipo de confrontaciones en sectores de la sociedad brasileña.

A juicio de Eliana Sousa, coordinadora del estudio, persiste una visión que asocia a los habitantes de las favelas con criminalidad y justifica intervenciones militarizadas como única respuesta posible al crimen organizado.

El análisis subrayó que tales moradores terminan atrapados entre dos violencias: la ejercida por organizaciones criminales y la derivada de las acciones estatales.

Antes este contexto, entidades sociales y académicas defienden políticas públicas centradas en derechos humanos y reducción de desigualdades, en lugar de estrategias exclusivamente represivas.

Sousa sugirió a la ciudadanía que exija propuestas integrales contra el problema sin convertir a las comunidades populares en escenarios permanentes de guerra urbana.

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