Insertada en un proceso profundo de transformación del sistema judicial, impulsado desde el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la normativa tuvo el amparo unánime de la Asamblea Nacional (parlamento) y entrará en vigor una vez publicada en la Gaceta Oficial.

El Poder Legislativo, en dos sesiones ordinarias, acordó en pleno modificar la semana pasada el artículo ocho de esa Ley, que incrementó en 12 los cargos en el máximo órgano judicial para pasar de 20 a 32.

Del total de magistrados siete dirigirán la Sala Constitucional (antes eran cinco) y cinco (antes eran tres) comandarán la Político Administrativa, Electoral, Casación Civil, Casación Penal y Casación Social.

La aprobación de esta Reforma Parcial de la Ley Orgánica incluyó también modificar su artículo 80, que definió que las Inspectorías de Tribunales, General de la Defensa Pública y la Escuela Nacional de la Magistratura “son órganos dependientes jerárquica, organizativa y funcionalmente de la Sala Plena” del TSJ.

En el Palacio de Miraflores, sede de Gobierno, la mandataria rubricó la víspera el instrumento legal como parte de una serie de cambios orientados a perfeccionar el sistema judicial de Venezuela, reconocido por la propia dirigencia como lleno de irregularidades y vicios en sus diferentes niveles.

Rodríguez rubricó el documento ante autoridades nacionales como el presidente de la Asamblea Nacional, el fiscal general, la defensora del pueblo, la titular del TSJ, y de coordinadores de espacios promovidos por el parlamento y el Ejecutivo para impulsar y supervisar.

El titular del Poder Legislativo agradeció ayer en la tarde noche en Telegram a la presidenta encargada, por “la promulgación de la Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia”.

Destacó que esta modernización fortalecerá la relevancia de la Inspectoría General de Tribunales y de la Escuela Nacional de la Magistratura, “garantizando así, un sistema judicial ágil y eficiente”.

El próximo 1 de junio se iniciará una Gran Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal, con el propósito de definir las “líneas centrales de la justicia penal que el país requiere”, vinculado al retardo procesal y corrupción judicial, anunció ayer la mandataria.

Así como también la atención de delitos vinculados a hechos como el golpe de Estado de 2002, el sabotaje petrolero y episodios de violencia registrados en los años 2004, 2006, 2014, 2017 y 2024.

Pese a inconformidad de sectores opositores y cuestionamientos de afines al oficialismo, los datos revelados este viernes indicaron que desde la entrada en vigor de la Ley de Amnistía el 19 de febrero de 2026, nueve mil personas recibieron el beneficio, entre más de 12 mil solicitudes.

De manera adicional, previo al inicio de la amnistía y paralelo después a este proceso, se logró la excarcelación de 885 ciudadanos, según la gobernante encargada.

Otras 395 liberaciones adicionales se lograron mediante mecanismos alternos a través de la Comisión de la Revolución Judicial, el Programa de Convivencia Democrática y Paz, y consultas con universidades y Organizaciones No Gubernamentales.

Esta última cifra está prevista que supere en las próximas horas los 500 excarcelados, declaró Rodríguez.

El jefe de la Comisión de la Revolución Judicial Diosdado Cabello informó en el balance de la Ley de Amnistía, que en lo que va de año tres mil 630 personas fueron liberadas de la justicia ordinaria por “cumplimiento de pena, por redenciones y por temas de retardo procesal”, que calificó de gran avance.

Unido a todo este proceso, el parlamento eligió por unanimidad y juramentó esta semana a los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales, quienes tendrán la responsabilidad de seleccionar a integrantes del TSJ.

Publicó, además, los requisitos para los venezolanos interesados en participar en la selección de candidatos, que se inicia este sábado y se prolongará hasta el 6 de junio.

El presidente del Comité, Giuseppe Alessandrello, declaró que el tiempo estimado de duración será alrededor de 46 días, en el que seleccionarán, evaluarán y serán escogidos por el parlamento los 22 candidatos a cargos en el TSJ, a la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela Nacional de la Magistratura.

Los 20 seleccionados al Tribunal Supremo de Justicia cubrirán a los ocho magistrados que presentaron su jubilación y otros 12 a partir del incremento de su número por la Reforma Parcial a la Ley Orgánica del máximo tribunal venezolano.

El Gobierno informó en la semana que, a solicitud de la embajada de Estados Unidos en Caracas, se autorizó este sábado la realización de un “simulacro de evacuación ante eventuales situaciones médicas o contingencias catastróficas como parte de los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática”.

Está previsto que como parte del ejercicio dos aeronaves realicen “sobrevuelos controlados” sobre la ciudad capital y efectúen operaciones de aterrizaje en las instalaciones de la embajada estadounidense.

A raíz del anuncio de la Cancillería, movimientos sociales como la Fundación Alí Primera Monte Piedad, de la parroquia 23 de Enero, y la Plataforma Internacional con la Causa Palestina, rechazaron las maniobras y llamaron a defender la soberanía de la República Bolivariana.

rc/jcd