En conferencia de prensa tras 25 días de marchas y bloqueos en que los sectores sociales que dieron su voto al actual jefe de Estado reclaman su dimisión por sentirse “traicionados”, Callisaya insistió en la necesidad de establecer un diálogo sincero y desprejuiciado.
“Mientras el Gobierno cree que dialogar es rendirse, los sectores movilizados parecen creer que sentarse a hablar es traicionar su lucha. Y nadie quiere parecer débil ante el otro”, criticó la autoridad.
Lamentó que las movilizaciones estén afectando derechos fundamentales de la población debido a la interrupción del traslado de oxígeno medicinal, medicamentos e insumos médicos, además del desabastecimiento de combustibles y el incremento de precios de los alimentos.
“El derecho a la salud y a la vida no pueden quedar atrapados en medio de la confrontación. El pueblo quiere comer -enfatizó el defensor-, quiere trabajar, quiere restablecer la normalidad cotidiana”.
La máxima autoridad defensorial reclamó también el cese inmediato de actos violentos que el sábado último cobraron la vida de un balazo durante un desbloqueo del joven de 24 años Víctor Cruz.
Al respecto, demandó al Ministerio Público investigar las muertes, agresiones y hechos de violencia registrados durante los conflictos.
“No podemos seguir confrontándonos entre bolivianos”, reiteró Calisaya.
Informó que las oficinas nacionales de la Defensoría del Pueblo continúan operando con normalidad, aunque temporalmente a puertas cerradas en ciudades como Cochabamba y El Alto debido a la conflictividad y por razones de seguridad.
Sin embargo, este lunes, Prensa Latina comprobó en la sede principal, cerca de la zona de la parroquia de San Pedro, en La Paz, que las puertas permanecen cerradas, y que solo se puede acceder a las tres mujeres que desde el viernes último permanecen allí en huelga de hambre en un horario determinado y solo con la debida credencial.
Al responder allí una pregunta de esta agencia de noticias, Andrea Manríquez, María Oporto y Ruth Huanca aseguraron de manera coincidente que tomaron esa drástica decisión “por Bolivia, los derechos humanos y la canasta familiar”.
Las tres denunciaron que está en preparación un plan para generalizar la represión, después que el Senado aprobó este domingo la abrogación de la Ley 1341, que bloquea la declaratoria de estado de excepción y cierra el paso a la impunidad de policías y militares en la represión durante la protesta social.
Tal proyecto fue respaldado en Sucre, departamento de Chuquisaca, por más de dos tercios de los senadores y remitido a la Cámara de Diputados para su revisión al detalle este martes.
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