Por Mario Hubert Garrido

De acuerdo con el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, los resultados del estudio a cargo de la empresa SGS Panamá Control Services, serán dados a conocer el venidero viernes, y serán presentados con total transparencia.

Ante denuncias por daños ambientales de ese enclave, eje de nuevas protestas, el funcionario precisó que el estudio será público, cumpliendo al pie de la letra con el Acuerdo de Escazú, para que todos lo puedan estudiar.

De acuerdo con Navarro, la investigación será extensa y requerirá de un gran análisis. Recordó que quienes llevan adelante este trabajo son una empresa totalmente independiente y de prestigio internacional.

Por su parte, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, informó que la auditoría integral realizada en la mina Cobre Panamá, culminará a finales de mayo, y que será el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien tomará las decisiones correspondientes una vez se analicen los resultados.

Moltó explicó que, siguiendo las instrucciones del mandatario, se aprobó un plan de gestión segura que permitió conservar ambientalmente el área y retirar productos que podían causar daños.

Además reiteró que el proceso se mantiene en curso y que las decisiones del Ejecutivo dependerán de los hallazgos finales.

A saber, la auditoría se encuentra actualmente en una fase de análisis detallado, integración y validación cruzada de la información, por lo que los hallazgos preliminares identificados continúan en proceso de verificación técnica y documental.

Mientras, en las redes sociales circula un informe preliminar, sin precisar la fuente, que apunta a daños ambientales irreversibles y acciones de lucro con beneficios exclusivamente a favor de la compañía, subsidiaria de la trasnacional canadiense First Quantum.

Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que el informe final permitirá evaluar el desempeño ambiental del proyecto auditado, a partir de la revisión de los compromisos establecidos y la información verificada por el equipo auditor.

El pasado viernes, decenas de activistas sociales marcharon por céntricas avenidas de esta capital para rechazar viejos proyectos de minería metálica a cielo abierto en Panamá.

La convocatoria fue impulsada por el grupo Sal de las Redes y por el Movimiento Independiente Voluntad, que difundieron el llamado a través de redes sociales bajo el mensaje de una “marcha masiva”.

Durante la concentración, los manifestantes expresaron rechazo a cualquier intento de reactivar proyectos mineros en el país y dirigieron críticas al presidente de la República.

El abogado Silvio Guerra, quien participó en la protesta, declaró a la prensa que “el país no quiere mina” y pidió al mandatario “descender al calor popular”.

Hace tres años en los meses de octubre y noviembre, intensas protestas populares paralizaron al país hasta que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de concesión entre el Estado y la empresa Minera Panamá y el Gobierno se vio obligado a decretar el cese de operaciones.

Sin embargo, la actual administración ordenó auditoria a la mina y a intensificar un plan de manejo seguro, incluso, pese a varias denuncias al enclave por daños al medio ambiente, llegó a autorizar el procesamiento y exportación de mineral almacenado.

En reiteradas ocasiones el Ejecutivo ha defendido el proyecto de reabrir lamina y retomar la actividad extractiva, generadora de miles de empleos y un importante peso en el Producto Interno Bruto del país istmeño, según sus cálculos.

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