En conferencia de prensa, el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente indicó que el próximo mes de julio, en Ginebra, impulsará que la nación canalera sea incluida en el listado de 24 países señalados por vulnerar los derechos sindicales, pese —según denunció— a los obstáculos interpuestos a su participación por la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz.
Recordó que una comisión de expertos de la OIT ya había advertido sobre un retroceso en las garantías y condiciones para el desarrollo de las organizaciones sindicales en Panamá.
En ese sentido, sostuvo que existe persecución judicial y una “asfixia de recursos” contra agrupaciones sindicales, mencionando específicamente al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs).
Asimismo manifestó que durante el foro mundial también denunciará las violaciones y vejámenes sufridos por manifestantes en la occidental provincia de Bocas del Toro, quienes en mayor de 2025 fueron reprimidos en protestas contra la Ley 462 de la Caja de Seguro Social.
De otra parte, se refirió a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoce el derecho a huelga como una garantía fundamental de los trabajadores.
Según explicó, esta posición choca con las políticas impulsadas por el gobierno del presidente José Raúl Mulino, al que acusó de mantener una postura contraria a las manifestaciones y luchas sindicales.
A su turno, Yamir Córdoba, secretario general de Suntracs, cuestionó el papel de los medios tradicionales de comunicación, señalando que, en su opinión, se encuentran subordinados al jefe de Estado.
El dirigente sindical criticó que en el país ofrecen cobertura especial y espacios destacados a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien incluso —según indicó— fue recibida en el Palacio de las Garzas(sede del Ejecutivo) Gobierno, mientras que a trabajadores y organizaciones populares se les impide participar libremente en concentraciones y movilizaciones.
Además denunció la persecución política contra dirigentes de esa organización y afirmó que se utilizan recursos judiciales para intentar silenciar las voces de los principales líderes y promover juicios amañados para disolver al sindicato.
Según Córdoba, lamentablemente Panamá por segunda ocasión volverá a aparecer en la lista de la OIT de los 24 países violadores de la libertad sindical, gracias a un Gobierno autoritario y que no respeta las mismas normas que ellos mismos aprobaron, en particular las que competen a la Constitución Política.
Finalmente, Andrade aseguró que todas estas denuncias buscan llamar la atención de la comunidad internacional sobre la situación de los derechos laborales, las libertades sindicales y el respeto a la protesta social en Panamá.
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